Más del 99% del tejido empresarial español está formado por pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, estas mismas pymes, que sostienen gran parte del empleo y la economía nacional, están asumiendo una carga financiera desproporcionada debido al actual sistema de gestión de las bajas laborales por enfermedad común.
Según denuncia la Confederación de Empresarios de Ceuta, las empresas españolas asumen más gasto por estas incapacidades que la propia Seguridad Social. Un dato que, por sí solo, evidencia el desequilibrio del modelo: mientras el sistema público desembolsa unos 15.000 millones de euros anuales, las empresas afrontan una factura que supera los 20.000 millones.
Un sistema que castiga a quien crea empleo
Cuando un trabajador causa baja por una enfermedad común o un accidente no laboral, el coste inicial recae casi por completo sobre la empresa. Los tres primeros días, habitualmente, corren a cargo del empleador debido a lo estipulado en la mayoría de convenios colectivos. Desde el cuarto hasta el día quince, también es la empresa quien asume la compensación, aunque con una reducción respecto a la base reguladora.
A partir del día 16, debería ser la Seguridad Social quien asuma el pago de la prestación. Sin embargo, numerosos convenios obligan a las empresas a seguir cubriendo parte de esa baja mediante complementos salariales. A eso se suma que, durante toda la duración de la incapacidad, la empresa debe seguir pagando las cotizaciones sociales.
El resultado es claro: un coste sostenido, creciente y en muchos casos insostenible para las pequeñas empresas.
Pymes sin oxígeno ni herramientas
La situación resulta especialmente lesiva para las pymes. A diferencia de las grandes compañías, carecen de músculo financiero suficiente para absorber estos sobrecostes sin ver comprometida su estabilidad.
Desde la Confederación de Empresarios de Ceuta advierten de que esta situación actúa como un lastre para el crecimiento empresarial, frena la productividad e incluso puede poner en riesgo la continuidad de algunos negocios. “Las empresas no pueden seguir pagando por un sistema que no controlan”, afirman con rotundidad.
Además, el modelo actual limita la capacidad de gestión del absentismo por parte de los empresarios. Aunque las mutuas colaboradoras podrían ser un aliado clave en la supervisión y prevención de bajas, su campo de actuación sigue muy restringido, pese a que están gobernadas por los propios empresarios. Esto provoca un círculo vicioso: menos control, más duración de las bajas y menos incentivos para una reincorporación temprana.
Un sistema poco competitivo en clave internacional
Más allá del impacto económico directo, existe un factor estructural que también perjudica la competitividad del tejido empresarial español. Las cotizaciones sociales en España representan el 9,5% del PIB, frente al 7,1% de media en la Unión Europea y al 4,5% en los países de la OCDE.
Este diferencial supone una desventaja objetiva para las empresas españolas frente a sus homólogas europeas. Mientras que en otros países los sistemas son más equilibrados y orientados a proteger tanto al trabajador como a la empresa, en España se ha trasladado a las pymes un peso que limita su capacidad de competir en igualdad de condiciones.
Una reforma que no puede esperar
El sector empresarial, de manera unánime, reclama una reforma urgente y en profundidad del sistema de incapacidad temporal. Una transformación que reconozca el papel clave de las empresas en la gestión del absentismo, dote de más competencias a las mutuas y establezca un modelo más justo, equitativo y eficiente.
Entre las principales propuestas se incluyen:
- Ampliar las facultades de intervención de las mutuas desde fases tempranas de la baja.
- Reconfigurar la financiación de las prestaciones para reducir la carga empresarial.
- Ajustar los convenios colectivos para limitar las obligaciones adicionales sobre los empresarios.
“Si queremos proteger el empleo y garantizar la competitividad de nuestras empresas, hay que tomar decisiones valientes ya”, insisten desde la Confederación.
España, subrayan, no puede permitirse seguir penalizando a quienes crean empleo y sostienen la economía. Las pymes necesitan un marco normativo que reconozca su fragilidad y las proteja de cargas desproporcionadas. Solo así podrá mantenerse el equilibrio entre derechos laborales y sostenibilidad económica.
