La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), tras la jornada de trabajo celebrada el pasado 23 de septiembre junto a la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), ha trasladado al Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública la necesidad de eliminar de manera inmediata la autorización previa de la Delegación del Gobierno para operaciones de compra, hipoteca y ejecución de obras en la ciudad de Ceuta.
Según la patronal, esta exigencia se deriva de la Ley 8/1975 y del posterior Reglamento de Ejecución, normas de carácter preconstitucional con más de tres décadas de vigencia. Desde la CECE sostienen que la obligatoriedad de obtener el permiso administrativo supone un obstáculo anacrónico que no se aplica en ningún otro territorio de España, salvo en Melilla, lo que coloca a la ciudad autónoma en una situación de desventaja estructural frente al resto del país.
La organización empresarial recuerda que la constitucionalidad de este requisito ya ha sido cuestionada en diferentes ocasiones. Como ejemplo, citan la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de octubre de 2017, que advertía de la posible vulneración del principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución.
La CECE ha trasladado esta reivindicación al Ministerio como una de las prioridades urgentes para que la Administración General del Estado alivie la carga burocrática de los ciudadanos de Ceuta y mejore el entorno económico de la ciudad.
