Este lunes está prevista una reunión clave en la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos. En el encuentro participarán la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV), CCOO, el Comité de Empresa de Brigadas Verdes y representantes del Gobierno local. El objetivo será debatir la posible adhesión de las Brigadas Verdes al Convenio Estatal de Jardinería, un paso que podría abrir la puerta a su futura municipalización.
La FPAV llega a esta cita sin una posición cerrada, a la espera de evaluar los detalles económicos y técnicos del convenio. Según Manuel Díaz, secretario y tesorero de la Federación, la firma supondría un coste de 3,6 millones de euros anuales en salarios, mientras que los presupuestos municipales solo contemplan una partida de 3 millones para la gestión de las Brigadas Verdes. “Nos enfrentamos a un desfase que hace inviable la firma, tal y como está planteada”, señaló Díaz, quien insistió en que la responsabilidad última recae en el Gobierno local.
Por su parte, CC.OO. y el Comité de Empresa apoyan la integración en el convenio estatal, que garantiza mejoras salariales y estabilidad laboral para los 119 trabajadores. Entre las principales modificaciones, los peones pasarían a la categoría de peones jardineros, los conductores serían reconocidos como oficiales conductores y los capataces figurarían como encargados. Además, los coordinadores serían clasificados como técnicos no titulados.
Aunque la firma del convenio estatal sería un avance significativo en términos salariales, desde la FPAV ponen sobre la mesa que el problema de fondo sigue siendo la precariedad laboral. Actualmente, las Brigadas Verdes dependen de un modelo de convenios anuales que no ofrece estabilidad. Según Díaz, la solución ideal pasa por la municipalización, que transferiría la gestión a entidades públicas como el Ayuntamiento de Ceuta, Tragsa o Obimasa. Sin embargo, este proceso aún no ha avanzado.
