El portavoz del Gobierno de la Ciudad, Alejandro Ramírez, ha comparecido este martes tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno para detallar los acuerdos aprobados en la sesión, marcada por la aprobación del nuevo reglamento de pesca marítima de recreo de Ceuta y una serie de convenios en materia social, cultural y religiosa.
Nuevas licencias, ayudas y subvenciones
La Consejería de Educación, Cultura y Juventud, por su parte, ha ratificado la nueva composición de la Junta Rectora del Instituto de Estudios Ceutíes y ha autorizado dos importantes convenios: uno con el Obispado de Cádiz y Ceuta, dotado con 200.000 euros para rehabilitar la Iglesia de San José y el Santuario de África, y otro con la Comisión Islámica de España, con una subvención de 350.000 euros destinada a la reparación y equipamiento de distintas mezquitas de la ciudad.
La misma consejería ha aprobado un gasto plurianual de 50.000 euros para la contratación del suministro y edición de material gráfico y publicitario de las actividades culturales previstas, con 24.875 euros asignados tanto para 2026 como para 2027.
El Consejo de Gobierno, asimismo, ha dado luz verde a la licencia de implantación del Centro de Formación ECOX y de Educación Infantil, que se ubicará en Muelle Cañonero-Dato.
Además, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha aprobado una ampliación de cuantías al convenio con la Asociación Autismo Ceuta, por un importe de 48.452 euros, para reforzar la atención a las personas con trastorno del espectro autista.
Actualización del reglamento de pesca de recreo
La principal novedad de la jornada ha sido la aprobación del proyecto de reglamento de pesca marítima de recreo, un texto que sustituirá al actual documento, vigente desde 2002. Según explicó Ramírez, el nuevo reglamento busca adaptarse a la legislación estatal y europea en materia de pesca, incorporando modalidades y procedimientos actualizados.
Entre las novedades más destacadas figura la introducción de la pesca colectiva en superficie desde embarcación, además del mantenimiento de las modalidades ya existentes —pesca desde tierra, desde embarcación y en apnea—, así como la actualización del régimen sancionador.
El texto, además, detalla las condiciones necesarias para la celebración de concursos de pesca y crea un registro de titulares de licencia, concursos e infractores, con el fin de mejorar el control y la transparencia en la práctica recreativa.
Ramírez subrayó que se trata de una medida largamente demandada por el sector: “Esta era una petición que el colectivo pesquero trasladó al inicio de la legislatura”. El proyecto deberá ahora someterse a exposición pública en el Boletín Oficial de la Ciudad y posteriormente recibir el informe preceptivo del Consejo de Estado antes de su aprobación definitiva por el Pleno de la Asamblea.
Demolición del edificio anexo a Sanidad
Por otro lado, el Consejo ha autorizado un gasto plurianual de 364.524 euros para ejecutar la demolición del edificio anexo a la Consejería de Sanidad, ubicado en el entorno de San Amaro, tras haberse decretado su estado de ruina.
El objetivo es habilitar en ese espacio una zona de aparcamiento provisional, mientras se proyecta en el futuro una actuación más amplia para la construcción de nuevas instalaciones sanitarias que integren los servicios sanitarios.
Convenios y acuerdos interinstitucionales
En materia económica, la Consejería de Hacienda ha aprobado la renovación del convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para la extensión de servicios públicos electrónicos, por un importe total de 20.978 euros repartidos entre 2026 y 2029.
Asimismo, la Consejería de Presidencia y Gobernación ha ratificado un convenio con la Abogacía General del Estado por valor de 65.326 euros —32.663 euros por cada anualidad entre 2026 y 2027—, mediante el cual abogados del Estado prestarán asistencia y asesoramiento jurídico a la Ciudad Autónoma “en los mismos términos que a la Administración General del Estado”.
En el ámbito judicial, también se ha autorizado a los letrados de los servicios jurídicos de la Ciudad a personarse ante el Tribunal Supremo en los recursos presentados por Castilla-La Mancha y Andalucía contra el Real Decreto que regula la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores.
