El V Seminario sobre agresiones sexuales en sus diferentes tipologías ha celebrado este jueves su segunda y última jornada, cerrando dos días de reflexión y debate en torno a la violencia sexual desde un enfoque multidisciplinar. La sesión ha comenzado con la intervención de Rosa Rodríguez Ruz, jurista experta en violencia de género, quien ha centrado su ponencia en un análisis profundo de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la Ley del Solo Sí es Sí.
Rodríguez Ruz ha definido su exposición como un ejercicio de “destripar la ley” para comprender su evolución y contexto. “Hemos hecho un recorrido por el desarrollo legislativo de los delitos sexuales hasta llegar a nuestros días, para entender por qué en pleno siglo XXI seguimos teniendo, mayoritariamente, a mujeres, niñas y niños como víctimas de violencias sexuales”, explicó la ponente.
En su intervención, la jurista destacó la importancia del consentimiento como eje central de la ley, “un elemento indispensable para determinar si existe o no conducta delictiva”, así como las modificaciones introducidas en distintos cuerpos normativos, como el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Logros y deficiencias de la norma
Rodríguez Ruz subrayó que la ley supone un avance “muy favorable para las víctimas de violencia sexual”, aunque no está exenta de aspectos mejorables. Entre las principales deficiencias, señaló tres puntos: la conocida bajada de penas, la no consideración de los delitos sexuales como públicos y la ausencia de sanciones a quienes se lucran de la prostitución ajena.
En relación con la reducción de penas, la experta matizó que “no ha sido una realidad tan generalizada como la alarma social hizo pensar”, y que esta situación se debió principalmente a “la falta de una disposición transitoria en la ley”.
Sobre la tipificación de los delitos, consideró un error que “no se permita a cualquier persona denunciar una agresión sexual, sino únicamente a la víctima”, lo que, a su juicio, “limita la capacidad de reacción ante casos especialmente graves”. Por último, lamentó que el texto final no incluyera la penalización de los propietarios de locales donde se ejerce la prostitución con fines lucrativos, “una medida que sí contemplaba el anteproyecto y que habría sido un paso importante hacia la protección integral de las mujeres explotadas sexualmente”
Cumplir la ley, el gran desafío
La jurista insistió en que el verdadero reto no está tanto en modificar la ley como en garantizar su aplicación efectiva. “Con que todo lo que está contemplado en la ley se lleve a cabo, avanzaríamos muchísimo en la lucha contra la violencia sexual”, aseguró.
Entre los compromisos pendientes, destacó la puesta en marcha de los centros de crisis para víctimas, un recurso aún inexistente en Ceuta, y la creación de casas de la infancia inspiradas en el modelo Barnahus, donde los menores víctimas de violencia sexual puedan recibir una atención integral “sin tener que desplazarse entre comisarías, juzgados u hospitales”.
Rodríguez Ruz también subrayó la relevancia de la educación y la formación especializada como herramientas de prevención. “La ley contempla la obligatoriedad de formación para los profesionales de la educación, la sanidad o los servicios sociales, además de la incorporación de la educación afectivo-sexual desde edades tempranas”, recordó.
El modelo Barnahus: una casa segura para las víctimas infantiles
Tras la ponencia jurídica, el seminario cerró su programación con la intervención de Águeda Aguilar Jiménez, trabajadora social y coordinadora del programa en la Fundación Márgenes y Vínculos, y Pilar Ferreiro Ariza, psicóloga forense de la misma entidad. Ambas presentaron el Programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual bajo estándares del modelo Barnahus, que ya se desarrolla en Ceuta.
El modelo Barnahus, que significa “Casa de los Niños” en islandés, se basa en la creación de espacios únicos e integrales donde todos los profesionales implicados -psicólogos, trabajadores sociales, forenses, agentes judiciales y sanitarios- actúan coordinadamente bajo un mismo techo. El objetivo es evitar que los menores tengan que repetir su testimonio o revivir los hechos en entornos hostiles como comisarías u hospitales.
“Se trata de un entorno adaptado, acogedor y especializado en victimología infantil, donde se garantiza el principio de una sola puerta (one door): el niño solo acude a un lugar y somos los profesionales quienes nos coordinamos en torno a él”, explicaron Aguilar y Ferreiro.
Reducir la victimización y mejorar la respuesta institucional
Entre los beneficios del modelo, las expertas destacaron la reducción de los tiempos de actuación, la mejor coordinación entre profesionales y la disminución significativa de la victimización secundaria, es decir, el sufrimiento añadido que genera el propio proceso judicial.
“El enfoque Barnahus mejora la atención a las familias y el tratamiento terapéutico de los menores, garantizando sus derechos en equilibrio con el respeto al proceso judicial”, precisaron las representantes de la Fundación Márgenes y Vínculos.
El modelo cuenta con respaldo legal en la Ley Orgánica 8/2021, que promueve una atención integral al menor y establece medidas para asegurar su interés superior y evitar la revictimización. Aunque el texto no menciona expresamente el modelo Barnahus, sí recoge sus principios esenciales.
Ceuta, ejemplo en la aplicación del modelo
Aguilar y Ferreiro destacaron la implantación en Ceuta de este programa especializado, que ya funciona bajo los estándares de calidad del modelo Barnahus. Según recordaron, el objetivo es ofrecer una atención integral a los menores víctimas de violencia sexual y a sus familias, coordinando a todos los profesionales implicados en un mismo espacio.
