Ceuta está entre las 30 administraciones investigadas por el Defensor del Pueblo, que exige saber qué se está haciendo para garantizar el acceso a una vivienda digna.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha puesto en marcha 30 actuaciones de oficio para exigir respuestas sobre el acceso a la vivienda. El Ministerio de Vivienda, todas las comunidades autónomas —incluidas Ceuta y Melilla— y los grandes ayuntamientos del país, como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga, están llamados a rendir cuentas.
La institución busca conocer con detalle qué políticas públicas están aplicando las distintas administraciones para garantizar el derecho a una vivienda "digna y adecuada", tal y como recoge el artículo 47 de la Constitución.
¿Qué está haciendo cada administración?
En concreto, el Defensor ha solicitado información sobre:
- Las medidas adoptadas —o en trámite— para facilitar el acceso a viviendas protegidas o asequibles incentivadas.
- El volumen actual del parque público de vivienda.
- El número de personas en lista de espera para acceder a una vivienda con algún régimen de protección.
- Si existen zonas de mercado tensionado y si se están aplicando las medidas previstas por la Ley de Vivienda.
- Las estrategias para regular el alquiler turístico.
- Las ayudas públicas al alquiler y su nivel de ejecución.
Además, ha pedido al Ministerio de Vivienda detalles sobre el próximo plan estatal, la creación de la empresa pública anunciada por el Gobierno, y el estado de ejecución de los programas ya presentados.
Un problema estructural, no coyuntural
El informe denuncia retrasos significativos en la gestión de ayudas como el bono joven y largas esperas para adjudicaciones de vivienda pública. “Parece preciso aumentar significativamente la oferta, especialmente la de carácter protegido y con un régimen permanente”, ha advertido Gabilondo.
El diagnóstico es claro: España está a la cola de Europa en vivienda social. Mientras aquí el parque apenas representa un 3,3% del total de viviendas principales, en Países Bajos supera el 30% y en Francia alcanza el 17%. La media de la Unión Europea ronda el 10%, según el Observatorio de Vivienda y Suelo de 2024.
Jóvenes, desplazados y rentas medias: los más golpeados
El Defensor alerta de que la dificultad para acceder a una vivienda no solo afecta a los más vulnerables. “Los jóvenes, las personas con menos ingresos, los trabajadores desplazados y las familias con ingresos medios también se están viendo expulsados del mercado”, recoge el comunicado.
Las zonas más tensionadas, indica Gabilondo, suelen coincidir con los territorios de mayor densidad poblacional y fuerte presencia del turismo. El problema, concluye, agudiza la desigualdad y compromete tanto el bienestar como el desarrollo personal y los derechos fundamentales de miles de ciudadanos.
