El sindicato TAMPM acusa a la directora del centro, Nonia Velázquez, de una gestión que ha deteriorado la prisión de Ceuta: denuncias de discriminación, riesgos eléctricos, un incendio y un clima laboral asfixiante.
El sindicato mayoritario de funcionarios de prisiones ha puesto negro sobre blanco lo que muchos trabajadores del Centro Penitenciario de Ceuta venían advirtiendo desde hace meses: el caos se ha instalado en la prisión de Ceuta bajo la actual dirección. En un comunicado contundente, los representantes sindicales hablan de “abandono”, “degradación progresiva” y “ambiente hostil” que hacen presagiar un escenario “abocado al desastre” si la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no interviene.
El origen de este punto de inflexión, señalan, está en el nombramiento de Nonia Velázquez como directora. Desde entonces, los funcionarios denuncian tensiones constantes, discriminaciones de género, un entorno laboral insalubre, expedientes disciplinarios arbitrarios y hasta un supuesto desajuste presupuestario en alimentación que habría ocasionado pérdidas de decenas de miles de euros.
La gestión polémica no solo repercute en lo organizativo, también en la seguridad. El sindicato recuerda el hallazgo de unos cables de alta tensión ocultos tras las cocinas, junto a conducciones de agua, un “riesgo evidente” que no se afrontó hasta que la publicación de unas fotografías obligó a la dirección a improvisar una balización de urgencia. En lugar de soluciones estructurales, los trabajadores aseguran haber sufrido presiones y “caza de brujas” para identificar al responsable de filtrar las imágenes.
Pocos días después, otro episodio encendía las alarmas: un incendio de clase C, provocado por el fallo en una batería del sistema SAI, obligó a evacuar visitas y suspender comunicaciones tras llenar de humo parte del centro. Según TAMPM, ya en junio de 2024 habían registrado un escrito alertando de señales acústicas que apuntaban a la precariedad del mantenimiento. La dirección, lejos de reaccionar, ignoró el aviso y hasta reprochó a un delegado sindical haberlo formalizado por escrito. Hoy, los daños se calculan en cientos de miles de euros y la prisión funciona con zonas a oscuras y mecanismos de control afectados, un serio detrimento para la seguridad.
A estas advertencias desoídas se suma otra prueba documental que el sindicato ha hecho pública: un justificante de presentación en el registro del Ministerio del Interior, con número fecha del 13 de junio de 2024 en representación de TAMPM, ponía sobre la mesa deficiencias en la sala de control y en el sistema de videovigilancia. El escrito alertaba de reflejos, contraluces y problemas de visibilidad en puntos críticos de acceso y tránsito, que podían comprometer la seguridad de trabajadores, internos y visitantes. Pese a la gravedad de lo expuesto, tampoco en este caso se adoptaron medidas correctivas.
“Solo reaccionan a golpe de titular de prensa”, lamenta el sindicato, que ironiza con el “mérito” de este equipo directivo: haber provocado el primer incendio no intencionado en instalaciones eléctricas de la prisión de Ceuta. Frente a este panorama, las iniciativas difundidas en prensa sobre marquesinas o actividades culturales con motivo de la Merced no serían más que un intento de “lavado de imagen” de una gestión que, a juicio de los trabajadores, se ha convertido en sinónimo de descrédito.
La denuncia concluye con un diagnóstico severo: la “ley del silencio” y la “caza de brujas” dominan Fuerte Mendizábal, donde la administración presume de modernidad pero aplica, según los funcionarios, métodos propios del siglo XVII.
