El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha salido al paso de las críticas vertidas por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) respecto a la gestión de las Brigadas Verdes. En su comparecencia ante los medios locales, Ramírez defendió la actuación del Ejecutivo y negó la supuesta falta de comunicación con el colectivo.
“La relación con los responsables de las Brigadas Verdes, a través de la Federación, es prácticamente diaria”, declaró Ramírez, quien mostró su desconcierto por las quejas hechas públicas por la entidad vecinal. “Me sorprenden un poco las declaraciones… si la reunión hubiese sido para avanzar en la gestión de la subvención o del nuevo convenio, habría sido más provechosa que salir a decir que no hay diálogo o que ‘no tienen para pipas’”, añadió, en alusión a la expresión utilizada por la FPAV para ilustrar la escasez de recursos.
El portavoz aseguró que los trabajadores de las Brigadas Verdes han percibido “hasta el último céntimo” conforme al nuevo convenio colectivo, en vigor desde marzo, incluyendo una paga extraordinaria proporcional. También recordó que la subvención fue incrementada hasta los 3.550.000 euros, y que ya en 2024 se concedió una ampliación de 300.000 euros sin mayores contratiempos.
Sin embargo, la FPAV insiste en que el nuevo marco laboral ha elevado significativamente los costes salariales, hasta situarlos en torno a 3.700.000 euros, y que los gastos de funcionamiento —combustible, herramientas, material de trabajo— suman al menos otros 400.000 euros. Por ello, han solicitado un incremento presupuestario de 500.000 euros para 2025, así como una subida mensual de 40.000 euros mientras se resuelven las cuestiones pendientes.
Ramírez reconoció que la petición está ya “tramitada” y reflejada en el borrador del nuevo convenio, aún pendiente de firma. “Es imprescindible esa colaboración de la Federación para cerrar definitivamente la subvención del ejercicio anterior y formalizar la del presente año”, remarcó.
La situación refleja un escenario de tensión creciente entre el Ejecutivo local y la FPAV, a pesar del reconocimiento de avances en la mejora laboral de las Brigadas Verdes. Mientras el Gobierno insiste en que se han puesto “más medios de los que se deberían” para apoyar a la entidad gestora, la Federación reclama más implicación y recursos, advirtiendo de una situación económica insostenible.
