Recurso rechazado

Para el secretario todo está bien y tira abajo el recurso del PSOE por la compra del albergue

La licitación continuará adelante pues para el Ejecutivo la ausencia de informe pericial, las dudas sobre competencias, o las clausulas oscuras de las que hablan los socialistas no suponen vicios de nulidad

Ayuntamiento

El Ejecutivo local considera que las alegaciones socialistas carecen de base jurídica y descarta paralizar el proceso de compra del edificio destinado a personas sin hogar.

El Gobierno de Ceuta ha tirado abajo por completo el recurso de reposición presentado por el PSOE contra la licitación para la compra de un edificio que sirva de albergue para personas sin hogar. Los socialistas —que criticaron en pasadas semanas los defectos del concurso, llegando a tildarlo de “dirigido”— presentaron una larga lista de supuestas causas de nulidad, que, no lo son para el funcionario encargado de firmar la respuesta municipal. El proceso sigue en consecuencia adelante.

En la respuesta del Ejecutivo, a la que ha tenido acceso este medio, el secretario duda incluso de la legitimación del partido para recurrir. “Un concejal podría tener legitimación si la licitación afecta a un barrio que representa, y se demuestra que la licitación perjudica los intereses de ese barrio. Sin embargo, si simplemente se trata de una crítica política a la licitación, sin un perjuicio directo y personal, no tendría legitimación”, se puede leer literalmente.

Baile de competencias y apoyo de Procesa

A pesar de ello, el funcionario opta por continuar un análisis en profundidad del texto de alegaciones, pasando seguidamente a negar que haya habido un baile competencial, como sostiene el PSOE. En concreto, consideran que el competente para gestionar patrimonio es el consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, y no la de Hacienda, Kissy Chandiramani.

A juicio del secretario municipal, “se puede deducir fácilmente que se trata de competencias compartidas entre varias consejerías que no son incompatibles con el hecho de que la Consejería que tenga que acudir a notaría sea finalmente la de Fomento a solicitud de la de Hacienda una vez finalizado el expediente”.

Despacha también el funcionario otro de los puntos cuestionados por el PSOE, el encargo a Procesa. Para él, no pasa de un mero “apoyo técnico”, lo que no vulnera la legalidad. “No existe un solo trámite en el expediente que deba ser realizado por funcionario público que no haya sido realizado por los mismos”, subraya.

Por tanto, para él, en este caso se ha cumplido con lo dispuesto por el Tribunal de Cuentas y su recomendación de limitar los trabajos externos a “tareas técnicas de apoyo”.

Sin informe pericial

El recurso socialista critica que se haya omitido un informe pericial, subrayando que lo presentado por el Ejecutivo, un “informe justificativo del precio”, apenas ocupa trece líneas y no se ajusta a la normativa patrimonial.

El secretario discrepa: “En el momento previo a la licitación no hay objeto material definido, por lo que es de cumplimiento imposible emitir un informe pericial”. Cita incluso doctrina del Tribunal Supremo sobre la importancia de las visitas personales al bien a adquirir.

El procedimiento adecuado, según él, sería: abrir plicas, visitar inmuebles ofertados y comprobar si el valor catastral es coherente con la oferta para adjudicar o paralizar el proceso.

Memoria justificativa o tesis doctoral

La respuesta municipal rechaza que se permita ofertar inmuebles no edificados. “La ausencia de solicitudes de aclaración parece indicar que los licitadores han entendido perfectamente el objeto del contrato”, ironiza el secretario, que llega a citar a la Real Academia.

Sobre la supuesta falta de memoria justificativa, defiende que se cumple lo normativo, frente a la crítica del PSOE que la reduce a un “corta y pega”. La memoria “limita la atención a un sector vulnerable por situaciones sobrevenidas”, pero no detalla datos. El secretario ironiza: “Pretender hacer una tesis doctoral sobre esta decisión tomada por instancias superiores es cuanto menos ineficaz”.

Condiciones arbitrarias

Los socialistas creen que las condiciones de la licitación son arbitrarias: 600 m², capacidad para 45 personas, sin censo de personas sin hogar. Cuestionan la ausencia de un informe de Fomento y denuncian la existencia de cláusulas oscuras.

El secretario responde que todo entra en el terreno de las “opiniones”. Remata: “La insistencia en la nulidad de cada punto debilita su argumentación”.

Cláusulas oscuras

La proximidad a la Unidad de Conductas Adictivas como condición también es discutida. El secretario defiende que no es causa de nulidad: “No dejan de ser opiniones sobre la conveniencia del lugar”, y no aportan pruebas de que exista un perjuicio real.