El Pleno de la Asamblea, reunido en sesión extraordinaria este sábado, ha aprobado inicialmente un expediente de modificación de crédito por importe de 61,8 millones de euros, necesario para dar viabilidad al plan “anti-covid-19” diseñado por Gobierno de la Ciudad.
La propuesta ha sido votada a favor por todos los grupos políticos y los dos diputados no adscritos. Sin embargo, PSOE y Caballas se han abstenido en uno de los puntos, el relativo a la modificación de crédito por importe de 61,8 millones.
Vivas ha levantado el pleno diciendo que "me siento muy orgulloso de pertenecer a esta Asamblea", por el ejercicio de responsabilidad demostrado.
La crisis sanitaria tiene derivadas, una social y otra económica, a cuyos perjudicados quiere dar oxígeno la Ciudad Autónoma con este plan. La Ciudad va a mover 70,1 millones de euros en total por los estragos del coronavirus.
Fondos extraordinarios
La modificación permite habilitar recursos extraordinarios en el vigente presupuesto 2020 y dotar económicamente cuatro fondos: 6,1 millones de euros para atender necesidades de emergencia social provocadas por la crisis; 10 millones, de los que 7 serán transferidos por la Ciudad a Procesa y 3 procederán de los remanentes disponibles en la ejecución de los Fondos Estructurales europeos, para ayudas a microempresas y autónomos; 300.000 euros para adquirir material sanitario; y otros 200.000 para inversiones de carácter social.
Estas y otras medidas que recoge el plan del Gobierno como el pago de 23 millones de euros a proveedores, la contratación de obras a empresas locales por 15 millones y las moratorias fiscales que suponen 15,5 millones, obliga a la institución emplear el margen de endeudamiento, según la consejera de Economía y Hacienda “a aprovechar el esfuerzo de saneamiento llevado a cabo durante los últimos años para ponerlo a disposición de las prioridades en momentos críticos y dramáticos”.
Por esta razón se ha aprobado una operación de tesorería a corto plazo de 30 millones de euros, cantidad que responde a las estimaciones sobre lo que la Administración dejará de recaudar por IPSI, subvenciones finalistas y otros conceptos; así como otra operación de refinanciación de la deuda a largo plazo por importe de 35.380.462 euros para poder cumplir con el apoyo al tejido empresarial de Ceuta, pymes y autónomos, amortiguar el impacto que en los ingresos va a sufrir la ciudad y otros déficit que puedan venir como consecuencia de la crisis en el ejercicio 2021.
Otra operación de crédito a largo plazo que se ha aprobado por importe de 30.800.000 euros dará cumplimiento a obligaciones presupuestarias como la financiación de inversiones y las transferencias de capital.
Medidas fiscales
Para hacer viable las medidas fiscales, el pleno ha aprobado una modificación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), que se concreta en fijar en el próximo 20 de julio el vencimiento del plazo para el pago en periodo voluntario de las cuotas devengadas en el IPSI (operaciones interiores) durante el primer trimestre del presente ejercicio, establecer el mecanismo para que el tributo por la importación se abone cuando la mercancía haya sido vendida, y en conceder una moratoria en el pago de cuotas hasta el próximo 5 de diciembre. El pescado se tributará al 0,5%.
Tasas
El pleno ha dado el visto bueno a la modificación de algunas tasas. Están afectadas con la bonificación del 20% las tasas por la prestación de servicios que integran el denominado “recibo único del agua”, que son abastecimiento de agua potable, alcantarillado, recogida de residuos sólidos urbanos y depuración de aguas residuales. El coste previsto de esta medida para las arcas públicas es de 346.000 euros.
Están afectadas de la bonificación del 50% las tasas por el aprovechamiento especial o uso privativo del dominio público local (quioscos y el uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos con finalidad lucrativa)
La sesión ha sido la primera que se celebra telemáticamente y por el procedimiento de videoconferencia, debido al estado de alarma. Todos los diputados estaban conectados desde sus domicilios. Se ha votado por llamamiento público.
La aprobación definitiva de la modificación presupuestaria se producirá después de un período de exposición pública de 15 días que se abre, tras la publicación en el BOCCE, para la presentación de alegaciones.
