El escándalo protagonizado por los cargos públicos que han vulnerado el orden de vacunación contra el covid-19 ha llegado al pleno de la Asamblea de la mano de Vox. La formación de la ultraderecha ha presentado una propuesta para instar a los diputados, directores generales, gerentes de empresas y organismos municipales y al resto de representantes políticos de la Ciudad a presentar una declaración jurada de carácter voluntario donde se haga constar si han sido o no vacunados. Vox ha pedido que se elabore una relación con estas declaraciones que sea de acceso público.
La iniciativa ha sido rechazada por el resto de grupos políticos.
El portavoz de la formación de la ultraderecha, Carlos Verdejo, ha acusado al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, de conocer que cargos públicos designados por su Gobierno se habían vacunado irregularmente. Verdejo ha señalado al director territorial de Ingesa, Jesús Lopera, y a la directora general de Sanidad, Rebeca Benarroch, como uno de los cargos que se han saltado los protocolos. El diputado ha reclamado a Vivas la destitución de Benarroch.
MDyC ha rechazado la propuesta de Vox por considerarla un “acto de fe” que no tendría ningún valor probatorio y ante la evidencia de que ya existe una investigación en los tribunales. La portavoz de la formación localista, Fátima Hamed, ha acusado a Verdejo de promover una “caza de brujas”.
Por su parte, el diputado de Caballas Mohamed Alí, en la misma línea de la argumentación de Hamed, ha recordado al portavoz de la extrema derecha que el de la vacunación es un “tema serio”. “Los mensajes que lanzan ustedes con estas propuestas no ayudan: no sé que ganan poniendo en solfa a toda la clase política con este tipo de cosas”, ha protestado Alí.
En muy similares términos se ha pronunciado el portavoz del PP, Carlos Rontomé, que ha considerado la propuesta de “extemporánea” y de buscar "una especie de linchamiento público". “Lo que usted hace es poner en duda el trabajo de los funcionarios de esta administración hablando de listas manipuladas”, ha reprochado el diputado popular.
La Fiscalía mantiene abierta una investigación por la presunta administración irregular de vacunas a cargos públicos. El anterior consejero de Sanidad, Javier Guerrero, dimitió tras conocerse que había recibido una vacuna. El Gobierno justificó en todo momento estas vacunaciones como respetuosas con lo fijado en la estrategia nacional de vacunación.
