El principio de acuerdo alcanzado entre los agentes sociales y el Gobierno supone que el Consejo de Ministros podrá prorrogar los Erte “en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan llegado el 30 de junio”.
También contempla bonificaciones para fomentar la vuelta a la actividad productiva de aquellas empresas que no estén sometidas a restricciones por órdenes del Gobierno.
En el caso de los trabajadores que permanezcan en el Erte y sigan con sus contratos suspendidos, la exención empresarial será del 60% en mayo y del 45% en junio para empresas de menos de 50 trabajadores, y del 45% en mayo y del 30% en junio para las que tengan más de 50 empleados. Estas exenciones podrán ser prorrogadas en los mismos términos o en otros distintos si así lo decide el Consejo de Ministros.
En esta mesa de diálogo social, la discusión principal se ha centrado en que el Gobierno no cede en la prohibición del despido para los próximos seis meses a las empresas acogidas a un Erte. Esta condición sigue siendo el mayor punto de roce con la patronal que aún tiene que decir la última palabra. El cómputo de seis meses comenzaría a contar desde la incorporación al trabajo efectivo de las personas afectadas por el Expediente de Regulación Temporal de Empleo, aun cuando este sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla. En caso de incumplimiento de esta cláusula, las empresas deberían devolver todas las cuotas de las que fueron exoneradas, con recargo e intereses de demora.
En Ceuta, cerca de mil empresas que se acogieron al Erte están pendientes del cierre de este acuerdo. A uno de mayo, los trabajadores con sus contratos suspendidos eran cerca de 3.500 y más de 160 los afectados por reducción de jornada.
