La Real Federación de Fútbol de Ceuta (RFFCE) deberá restituir en su puesto a un administrativo que había sido elegido representante sindical por UGT. El Juzgado de lo Social nº 1 de Ceuta ha dictado una sentencia que concluye que el despido del trabajador es contrario al ejercicio de la libertad sindical. El fallo ordena que se devuelva al empleado a las responsabilidades que ostentaba como juez único de competición de la Tercera División y se le abone una indemnización de 30.001 euros.
El sindicalista fue elegido representante de los trabajadores en marzo del año pasado. Según constatan los hechos probados de la sentencia, el propio presidente de la Federación, Antonio García Gaona, reunió a los trabajadores para hacerles ver que quien debería continuar asumiendo su representación debía ser el candidato de CCOO. A finales de año, el nombramiento del sindicalista fue revocado en una asamblea extraordinaria, una decisión que el juez cuestiona y que permitió asumir la representación sindical al sindicato CCOO.
Respuesta de la Federación
En un breve comunicado, la RFFCE ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En su nota, en la que no se alude expresamente al caso ni al trabajador afectado, la Federación concluye que la sentencia «no se ajusta a derecho». Además, subraya que el trabajador no está empledo ya en la Federación porque en su día solicitó la excedencia voluntaria.
La sentencia es la consecuencia de la guerra sindical abierta en el seno de la Federación entre CCOO y UGT. El pasado noviembre un comunicado emitido por UGT, en el que se calificaba a Sebastián Martínez, delegado de CCOO en la empresa, de «perro» y «mamporrero de Gaona», desató las hostilidades entre sindicatos. CCOO llegó a anunciar que su gabinete jurídico estudiaría si el tenor del comunicado podía seruede comportar consecuencias penales.
Ya para entonces, UGT había mostrado sus quejas por la asamblea revocatoria que supuso la destitución de sus representantes sindicales. Los ugetistas consideraban que la convocatoria y celebración de la asamblea fue irregular ya que la norma establece que la revocación de los delegados sindicales no puede efectuarse durante la tramitación de un convenio colectivo ni replantearse hasta transcurridos, por lo menos, seis meses.
