La historia se remonta al 31 de octubre de 2014, cuando tras un decreto de la Consejería de Fomento de fecha 20 de junio de ese mismo años se procede a realizar a la Federación de Fútbol de Ceuta una liquidación por un importe de 36.639,46 euros en concepto de licencia, tomando como base imponible un importe de 1.981.972, 69 euros.
Este importe ha estado sin abonar hasta el 21 de julio de 2017, fecha en la que los Servicios Tributarios de Ceuta remiten a la territorial una providencia de apremio y requerimiento de pago de la deuda. En el documento, los servicios tributarios explican que “habiendo finalizado el plazo de pago en periodo voluntario correspondiente a los descubiertos por los importes, conceptos y ejercicios que se indican y no habiendo sido satisfechos”, el jefe del Servicio de Recaudación acuerda la iniciación del procedimiento de apremio de la deuda que la FFC mantiene, esto es, 39.639, 46 euros por el ICIO, más el recargo reducido del 10 por ciento, por lo que según la providencia, la deuda pasa de la cantidad mencionada a 43. 603, 40 euros en esos momentos.
Esa misma fecha, esto es el mismo día 21 de julio, tres días después de estallar la Operación Soule y dos días después de que García Gaona declarara ante los agentes de la UCO de la Guardia Civil, se notifica la providencia de apremio, al igual que se realiza un fraccionamiento de pago de la deuda. Los sorprendente del caso es que mientras que a través de la providencia de apremio y de pago se reclaman 43.603,40 euros, en el fraccionamiento de pago que se explica que adeuda y que, por lo tanto, se aplaza es de 35.039,90 euros.
Las diferencias estiban en lo siguiente: En la providencia se pone que el principal reclamado es 39.639, 46 euros, el recargo del 10 por ciento, 3.963,40 y las costas, 7 euros.
Por el contra, en el cuadro de amortización del fraccionamiento, el principal es de 27.269, 88 euros, el recargo suma 2.726, 99, los intereses suman 5.043, 03, las costas 0, por lo que el importe total a fraccionar es de 35.039,90 euros.
Ante esta situación, todo apunta a que le Federación antes de suscribir el aplazamiento habría abonado a los Servicios Tributarios la diferencia existente, dato que no se ha confirmado ni por parte de la Federación ni por el partido político MDyC, que fue quién denunció todo este asunto.
También el mismo día 21 de julio, el portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, en su comparecencia tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, aseguró que la Territorial "está en plazo ya que la carta de pago salió ayer mismo", refiriéndose al jueves. Con estas palabras salía al paso de la denuncia de MDyC sobre una deuda de 40.000 euros por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por la nueva sede federativa.
Las palabras de Hachuel no coinciden con las fechas de los documentos, puesto que no era posible que tuviese conocimiento de que la comunicación se produjese el jueves, día 20 de julio, cuando la providencia de apremio y requerimiento de pago y la documentación del fraccionamiento están fechadas el viernes 21, día en el que el portavoz hacía sus declaraciones.
Pero las explicaciones del asesor jurídico en la rueda de prensa des esta mañana sobre el asunto del fraccionamiento también difieren un poco de la realidad, ya que en sus manifestaciones ha omitido que la Federación había recibido la providencia de apremio y requerimiento de pago, haciendo alusión sólo al aplazamiento que le había otorgado Servicios Tributarios. Así, Manuel de la Rubia ha manifestado “como no queremos ser opacos ni oscuros. La decisión que se adoptó cuando se plantea este tema es solicitar un aplazamiento de pago, un fraccionamiento del pago de la deuda, cuestión que se nos ha concedido”, negando que la Territorial fuese morosa “ni mantenemos deuda alguna con la Ciudad…”
Manuel de la Rubia, también ha explicado que cuando se hizo la liquidación provisional del impuesto desde Servicios Tributarios se les hizo ver que podrían quedar exentos del pago del mismo siempre y cuando el Pleno de la Asamblea declare de interés social el proyecto de las nuevas instalaciones federativas de Las Carmelitas.
Hay que tener en cuenta que la legislación vigente no permite abonar subvenciones a los organismos que mantengan deudas con cualquier Administración.
MDyC, por su parte, ha salido al paso del asunto y concluye que la FFCE no se encontraba en plazo de pago del impuesto, plazo que finalizó el cinco de enero de 2015, tal como señala el expediente del Organismo Autónomo de Servicios Tributarios (OAST) que comunica la deuda a la FFCE el 19/11/2014, dice en una nota.
Ni la FFCE se encontraba en plazo, ni ha pagado, ni desde el MDyC creemos que la liquidación que se le ha realizado por parte del OAST es legal, por lo que “el portavoz del Gobierno mentía al señalar que la FFCE estaba en plazo, que el jueves se le enviaba la carta de pago, puesto que lo que el viernes se le enviaba era el requerimiento de apremio por no haber cumplido con sus obligaciones tributarias”.
A pesar de que el Gobierno indique que “no hay ninguna razón por la que replantearse” la subvención a la FFCE, para el MDyC existen muchas razones para hacerlo; en primer lugar habrá que conocer los certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias que han debido presentar para obtener las subvenciones de los años 2015, 2016 y 2017. Puesto que desde el OAST se debería haber indicado que estaba sin pagar el ICIO, certificado que se exige a toda entidad que solicita una subvención a una administración pública. Es por ello que el MDyC manifiesta que es incomprensible que se haya otorgado la subvención existiendo dicho incumplimiento.
La segunda razón es que si se han recibido subvenciones ilegalmente (puesto que no se cumple con las obligaciones tributarias), la ley impone sanciones que pueden llegar a no percibir más subvenciones de ninguna administración pública hasta un periodo de cinco años, por lo que se estarían saltando la ley. Y en tercer lugar por un agravio comparativo, si a las Asociaciones de Vecinos se les ha retirado la subvención de 2016 por no justificar los pagos a través de bancos, haciéndoles cumplir la ley, ¿cuál es la justificación para no aplicar la ley a la FFC?. ¿qué el Sr. presidente de la Territorial, investigado por la justicia, es amigo del alcalde, como reconocía en la recepción del Premio a la Excelencia que le daba la este organismo?.
MDyC ha solicitado a la Intervención de la Ciudad que paralice los pagos de la subvención a la FFCE hasta que se auditen las distintas subvenciones de los años 2015,2016 y 2017.
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