Deportes

García Gaona es el administrador único de la empresa

Viajes Trujillo facturó a la Federación Española 700. 000 euros, según 'El País'

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photo_camera Gaona junto a Larrea, Vivas y Villar en la nueva sede de la Territorial ceutí/ CEUTA DEPORTIVA

'El País' desvela en su edición del domingo que la empresa Viajes Trujillo, cuyo administrador único es el presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta Antonio García Gaona, habría facturado a la Federación Española 700.000 euros.

García Gaona, que, además de presidente de la Territorial ceutí, era consejero de la mutualidad y miembro de la junta directiva de Ángel María Villar, formaría parte de la red clientelar descrita por el juez Santiago Pedraz en el auto en el que decretó la prisión del presidente de la RFEF. En dicho entramado aparecen otros cuatro presidentes de territoriales que también han sido imputados.

La Federación Española de Fútbol cuenta con un Código Ético desde enero de 2015 que impide que los directivos tengan intereses económicos personales o de familiares vinculados con el órgano federativo. Más de dos años después de su creación, Villar estaba dispuesto a ejecutarlo sabedor de que la red clientelar que le ha permitido mantenerse en el cargo durante 29 años estaba en el punto de mira de la justicia.

La suspensión cautelar, pendiente

El Consejo Superior de Deportes (CSD), después de estudiar el informe solicitado a la Abogacía General del Estado, dio traslado el pasado 25 de agosto al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la solicitud de apertura de expediente disciplinario para Vicente Muñoz Castelló (Comunidad Valenciana), Antonio García Gaona (Ceuta), Diego Martínez Gómez (Melilla),Jacinto Andrés Alonso Marañón (La Rioja) y José Miguel Monje Carrillo (Región de Murcia), todos ellos investigados en la Operación Soule.

Villar y Padrón, tras abrirles los respectivos expedientes el Tribunal Administrativo del Deporte, fueron inhabilitados cautelarmente por un año solo una semana después de haber ingresado en prisión, el 19 de julio. En un posterior auto del 31 de julio, el juez Pedraz imputaba a los presidentes de cinco territoriales.

José Ramón Lete, presidente del CSD, no ha convocado aún a la comisión directiva que debe votar la suspensión, lo que, según El País, podría suceder a principios de octubre. El TAD tenía, conforme a la ley 29/2015, art. 21.4, párrafo 2, el plazo de diez días desde la recepción de la solicitud para informar al respecto.

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