Ceuta, Cataluña, Cantabria e Islas Baleares presentan la mayor presión fiscal normativa de toda España y, por tanto, la peor competitividad fiscal. Esta es una de las conclusiones que se desprende del informe «La competitividad fiscal de las entidades locales y de las comunidades autónomas: factor determinante para su desempeño económico», elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). El estudio recoge la media ponderada de recaudación para los 141 municipios españoles con más de 50.000 habitantes, que suman la mitad de la población del país.
El informe acomete una evaluación profunda y comparativa de la carga tributaria que soportan los ciudadanos de estos municipios, agrupados por comunidades, y permite identificar aquellas administraciones que aplican mejores prácticas desde un punto de vista de la competitividad fiscal. Para ello, se han utilizado los datos básicos de la financiación municipal para el periodo 2019-2022, correspondiente al tiempo transcurrido tras las últimas elecciones municipales.
El informe recurre al concepto «presión fiscal normativa» entendido como la carga de gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías, al margen de la recaudación que obtengan. Así, si se hace la agrupación por comunidades autónomas usando la media ponderada de todos los impuestos, Ceuta, junto a Cataluña, Cantabria e Islas Baleares, acumularía la mayor presión fiscal normativa, superando en un 8% la media nacional.
Impuestos
Los impuestos locales se rigen por una norma de carácter estatal que, sin embargo permite un cierto grado de autonomía a las corporaciones locales. La ley ofrece para muchos tributos la posibilidad de fijar niveles distintos de tributación dentro del marco mínimo fijado por la normativa estatal. Los ayuntamientos tienen, también, control sobre determinados instrumentos parafiscales, como tasas y cánones, que representan un porcentaje significativo de sus ingresos.
Según revela el informe, Ceuta, Melilla y los municipios extremeños aplicaron en 2022 los mayores tipos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) urbano, lo que supuso una presión fiscal normativa en lo concerniente a este impuesto superior a la media nacional.
Ceuta también aplicó, junto a los municipios de Baleares, el máximo permitido por la ley para el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Cantabria y Baleares, secundadas por Ceuta, fueron las que mayor tipo de gravamen aplicaron en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
En el caso del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), Melilla fue el único municipio de la muestra utilizada por los autores del informe en el que no lo aplicó. Por el contrario, en los municipios de la ciudad autónoma de Ceuta y de las comunidades de Baleares, Cantabria y la Comunidad de Madrid se aplicó el tipo mayor, por lo que todas ellas presentan una presión fiscal normativa superior un 10% a la media nacional.
