La formación ya ha anunciado su voto en contra a las cuentas del año pasado en el Consejo de Administración de la sociedad municipal Puerta de África, propietaria del hotel. Una reunión en la que también se informará sobre la situación en que se encuentra la gestión del hotel desde la marcha de la cadena Sol Meliá.
El voto contrario es debido a la falta de transparencia. Así y en una nota de prensa ecplica que la nefasta gestión ha provocado que se incrementen las pérdidas de explotación en casi un 10 por ciento, “mientras hablan de mayor ocupación y de más ventas en el restaurante”. Los gastos no afectos a directamente a la instalación hotelera se disparan casi un 25 por ciento, dice la nota, “lo que demuestra que el supuesto gerente no está capacitado para estar al frente de la empresa y tan sólo recibe una canonjía del partido por los servicios prestados”.
MDyC desvela, además, que la propia auditoría duda de la viabilidad de la empresa al no generar los recursos necesarios para hacer frente a los créditos que tiene y que sólo las subvenciones del Ayuntamiento logran cubrir las pérdidas que genera.
Igualmente los incrementos del saldo acreedor de las Administraciones Públicas (sobre todo casi el doble en la Seguridad Social) hacen dudar al MDyC de la verdadera situación de la empresa.
Por otro lado, el MDyC no comparte el contrato que para la gestión temporal de las instalaciones se ha firmado con una empresa nueva, cuando en los informes “se indicaba que es una tarea que solo puede recaer en profesionales con amplia experiencia y conocimiento del sector hotelero”.
Igualmente en esos dos informes, de una página cada uno, prosigue la nota, el gerente remarca que “el proceso de desafiliación se prevé notablemente complejo”, pero que en dos meses se realiza, pues los “precios del mercado generalmente aceptados” señalan que costarán 18.000 euros. Todo ello, dice la nota, sin aportar más datos que el presupuesto de la empresa contratada y la curiosa cifra, que es el límite de los contratos menores.
Los informes se realizan quince días antes de que venza el contrato, lo que demuestra las prisas y la falta de planificación con las que actúa el Ejecutivo, sabiendo que Meliá se marchaba desde enero de este año.
Desde el MDyC entienden que al no existir los pliegos del nuevo contrato, ni voluntad política para sacarlo adelante, esta “contratación de 9.000 euros mensuales, hecha a dedo, se prolongará ad infinitum”. Anuncia que “nuestros servicios jurídicos están estudiando la posibilidad para tomar las medidas oportunas”.
Así mismo, la formación tampoco entiende que el contrato asuma más servicios que los oficialmente aprobados por la resolución del presidente del Consejo, a los que da fe la secretaria, como la gestión de personal o el control interno. O las causas por las que se utiliza el modelo de esta joven empresa, en el que se imponen la forma de pago (por adelantado por supuesto) y los tribunales de Málaga (algo inconcebible en una administración pública).
MDyC dice que no va a aceptar que se realicen “contratos a medida de las amistades del Gobierno y exigiremos las responsabilidades políticas y las que se deriven de los hechos que denunciamos”.
