La Mesa para el Diálogo Social, integrada por la Ciudad, la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), la Cámara de Comercio y los sindicatos CCOO y UGT, han confirmado su intención de dar una respuesta unitaria a la entrada en vigor del decreto que modifica el sistema de concesión de bonificaciones sobre las cuotas de la Seguridad Social en Ceuta y Melilla. Empresarios, sindicatos y representantes del Gobierno de la Ciudad han acordado este jueves ratificar por unanimidad el dictamen evacuado por la comisión técnica creada en el seno de la Mesa, un informe que concluye que el nuevo sistema de aplicación de las bonificaciones resulta a día de hoy «inaplicable». La Mesa plantea sus reivindicaciones en la certeza de que la derogación del nuevo sistema de bonificaciones, que es su principal exigencia, no será posible hasta que no se constituya el nuevo Gobierno de España.
El origen del conflicto se encuentra en la entrada en vigor el pasado día 1 de la «Ley de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas». Esta norma ha sustituido a las bonificaciones del 50% sobre las cuotas empresariales a la Seguridad Social aplicables en los territorios de Ceuta y Melilla por una cantidad fija de 262 euros vinculada a la formación y la contratación indefinida. El Gobierno central aprobó el 18 de julio una serie de ayudas directas a los empresarios para compensar las posibles pérdidas que el nuevo modelo pudiera ocasionar a los empresarios. La patronal y los sindicatos ceutíes sostienen que el nuevo modelo resulta perjudicial para la economía local.
«No hay medidas definidas, pues el principal acuerdo era, precisamente, estar de acuerdo con el dictamen técnico –ha explicado a la salida de la reunión el representante de la CECE, Juan Manuel Parrado- Iremos viendo distintas líneas de actuación que ahora, de antemano, es imposible determinar porque no hay Gobierno constituido».
La Mesa ha dado el visto bueno a un documento que en su punto primero cuestiona y rechaza el nuevo sistema de bonificaciones implantado a raíz de la entrada en vigor de la «Ley de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas». El documento, sin embargo, va más allá, y recoge también otras consideraciones sobre el futuro de la economía local.
Documento consensuado
La Mesa ha mostrado su unanimidad al reclamar a la Administración central la ejecución del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico diseñado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Además, plantea elevar al pleno de la Asamblea una propuesta para reducir en un 50% los tipos de gravamen del IPSI a las actividades comerciales más afectadas por la pérdida de clientes procedentes de Marruecos.
El documento también incluye requerimientos al Gobierno central para proteger y perfeccionar las especificidades del sistema fiscal de la ciudad, promover ayudas para los autónomos y diseñar programas para incentivar el comercio de compras procedente de la Península.
Plus de vinculación
Empresarios y sindicatos coinciden en que el nuevo sistema de concesión de bonificaciones deja en el aire los acuerdos para abonar a los trabajadores el denominado «plus de vinculación». En virtud de un acuerdo suscrito en 2012 entre patronal y sindicatos se creó este complemento con el propósito de garantizar un incremento de los salarios del 8% ligado a las bonificaciones que habrían de percibir las empresas. Los empresarios ya han anunciado que, conforme a su interpretación, el acuerdo queda suspendido tras la entrada en vigor del nuevo decreto.
«Ahora las bonificaciones se harán efectivas a año cumplido, por lo que seremos incapaces de convencer a los empresarios de que paguen un plus que no saben si cobrarán después –ha explicado hoy el secretario general de CCOO, Emilio Postigo- Es algo que tendremos que debatir más adelante, cuando el problema esté sobre la mesa».
