El 1 de septiembre entraba en vigor mediante el Real Decreto Ley el nuevo sistema de bonificaciones a la contratación para Ceuta y Melilla, cambiando el sistema proporcional por uno fijo, que afectó principalmente a los trabajadores con rentas más altas y a la contratación temporal.
La mala gestión de las expectativas por parte de las autoridades públicas ha sido el principal factor que ha contribuido a la crisis actual. En los meses previos a la entrada en vigor del RDL, el Gobierno de la Ciudad y los agentes sociales mantuvieron un diálogo constante para intentar encontrar una solución que fuera satisfactoria para todos. Pero estas negociaciones no llegaron a buen puerto y el RDL se aprobó sin consenso. Esta falta de acuerdo generó una gran incertidumbre entre los empresarios y los trabajadores, que no sabían qué esperar de las nuevas bonificaciones. La incertidumbre se vio agravada por las declaraciones contradictorias de las autoridades públicas, que en algunos casos defendieron el nuevo sistema y en otros mostraron su preocupación por sus posibles efectos negativos.
Esta incertidumbre política, que no es inseguridad jurídica ya que el nuevo sistema estaba claro en el RDL, se agrava cuando en diferentes fechas, anteriores y posteriores a las elecciones generales de este año, se anunciaba que el nuevo sistema de bonificaciones no entraría en vigor. Pueden consultarse a tal fin la hemeroteca de medios digitales y escritos, por ejemplo, de 3 de agosto de 2023. La gravedad aquí radica en que la Delegación del Gobierno no es una entidad política sino institucional y por lo tanto representa la voluntad del Gobierno Central, lo que carga sus palabras de una intención que no se ha materializado. Mi argumento es complejo, pero es reducible al siguiente hecho: la falta de determinación política sobre el modelo que entraba en vigor ha generado un impacto económico, principalmente al inversor no local; político y social que carga aún más la tensión que vive la Ciudad.
Esto, muchas veces propio del amateurismo, podría haberse evitado con la apertura de un diálogo honesto y abierto de los agentes sociales e institucionales, tanto de la Ciudad como de Delegación del Gobierno. Tal reforma, que sufre la economía por el cierre de la frontera, se vehicula con un mecanismo rígido como el Real Decreto Ley, que además se inspira en la bonificación del empleo público, por lo que presenta una técnica legislativa deficiente para abordar el complejo mundo de las relaciones laborales en la empresa privada.
En la posición de las partes es difícil acertar si hay una posición correcta, pero el consenso social representa el sentir de la población y, en este caso, y ante la tibia defensa de la Delegación del Gobierno del nuevo modelo, se puede deducir que algo no le ha gustado.
Es cierto que el nuevo sistema parece tener una inspiración en la política del Gobierno Central de acabar con la falsa temporalidad en España, pero no es menos cierto que este sistema ataca la atracción del personal cualificado a una tierra herida por las tensiones internacionales y el fin de un ciclo de su economía. Ceuta no debe ser entendida únicamente como una tierra con empleo de baja retribución en la era de la digitalización. La ciudad no puede renunciar en este momento de transición a ser el complemento ideal de la Málaga de las TICO.
Es, por tanto, cierto, que este sistema es coherente con esa intención transversal del Gobierno de Sánchez de atajar la temporalidad y los salarios más bajos, y que pretende reducir la burocracia para reducir costes a empresas y empresarios. A la ciudadanía caballa se le hurta la herramienta de la contratación temporal real que puede aliviar en muchas familias el peso de la subida de tipos de interés, los precios del alquiler o la cesta de la compra; en un contexto de desigualdad económica que atañe la paz social.
Lo que no es verdad es que el Gobierno, o su representante local que es la Delegación, haya sido coherente en su posición política y lo que más preocupa es que posiblemente sea consecuencia de la debilidad institucional en este asunto del Partido Socialista local frente a la Moncloa. No se puede transferir toda la carga de responsabilidad en la Delegación porque a la postre esta institución es la representación del Gobierno en Ceuta, no la representación del Gobierno de Ceuta, que a veces da la sensación de que esto se confunde.
Es así que es un falso dilema que haya que elegir entre un sistema u otro puesto que ambos son mejorables y debe trasladarse a la negociación colectiva la discusión actual. Si la sociedad caballa en su conjunto parece rechazar el nuevo modelo, la sociedad caballa debe ser escuchada en su conjunto y su diversidad, proponiéndose los arreglos necesarios para cubrir las deficiencias del sistema y evitar que la desidia y el paso del tiempo acaben por abortar interesantes iniciativas que desde inversores foráneos se pretendían y que hubieran podido crear empleo y riqueza.
La situación, como este análisis, es compleja, y quienes nos representan deben ponerse plazos para llegar a los consensos necesarios. Sería interesante tener preparada una propuesta para el informe que prepara el SEPE sobre las tasas de contratación, salarios, contratos, sectores económicos y el importante coste de gestión para el primer semestre del año. Llegar a este punto sin una propuesta sería, cuanto menos, negligente.
