El Gobierno local vuelve a quejarse por la falta de información sobre las bonificaciones

Ramírez lamenta que la Delegación del Gobierno no haya facilitado la información que la Mesa de Diálogo Social ya reclamó a la Seguridad Social a través un acuerdo adoptado el pasado 26 de julio.

Ramírez
photo_camera El consejero portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez (C.A./ARCHIVO)

El portavoz del Gobierno municipal, Alejandro Ramírez, ha vuelto a acusar este martes en rueda de prensa a la Administración central de no facilitar información sobre los cambios introducidos en el sistema de bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social en Ceuta y Melilla. Ramírez ha hecho este reproche en la víspera de la reunión de la Mesa de Diálogo Social, foro que reúne al Gobierno local, los empresarios y los sindicatos, que analizará la situación actual de las bonificaciones que percibe la patronal.

Ramírez lamenta que la Delegación del Gobierno no haya facilitado la información que la Mesa de Diálogo Social ya reclamó a la Seguridad Social a través un acuerdo adoptado el pasado 26 de julio. El consejero ha reclamado, tal y como viene haciendo el Gobierno local en los últimos meses, que se restituya el modelo anterior a la entrada en vigor de la norma que afectó al anterior sistema de bonificaciones.  La «Ley de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas», que entró en vigor el pasado día 1, ha sustituido las bonificaciones del 50% sobre las cuotas, aplicables en los territorios de Ceuta y Melilla, por una cantidad fija de 262 euros vinculada a la formación y la contratación indefinida. El Gobierno central aprobó el 18 de julio una serie de ayudas directas a los empresarios para compensar las posibles pérdidas que el nuevo modelo pudiera ocasionar a los empresarios.

«Nosotros creemos que la solución es volver a la situación anterior», ha insistido Ramírez. Los empresarios y los gobiernos de Ceuta y Melilla han sostenido que el nuevo sistema perjudica los intereses de la patronal y afectará, indirectamente, a los trabajadores, argumento que ha sido tajantemente rechazado por el Gobierno central.

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