Mañana viernes 1 de septiembre entra en vigor el Real Decreto Ley 1/2023, de 10 de enero, de Medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas. La fecha no resulta indiferente para los empresarios y trabajadores de Ceuta y Melilla pues, en la práctica, supone la modificación del sistema de bonificaciones a las cuotas empresariales a la Seguridad Social vigente en las dos ciudades autónomas.
Con la entrada en vigor del real decreto, el descuento del 50% vigente deberá sustituirse por un importe fijo de 262 euros al mes, condicionado al seguimiento de acciones formativas de 20 horas al año. Un escenario que el Gobierno de la Ciudad y los empresarios han juzgado siempre lesivo para los intereses de la economía local.
Empresarios y sindicatos han pedido reiteradamente la modificación del real decreto con el propósito de preservar la bonificación del 50% en Ceuta y Melilla. El Gobierno central, sin embargo, optaba este verano por una solución diferente para satisfacer las demandas de los agentes sociales. El Consejo de Ministros aprobaba el pasado día 18 de julio otro real decreto por el que se establecían una serie de ayudas directas para empresas asentadas en Ceuta y Melilla. Estas subvenciones pretenden compensar la reducción en las bonificaciones que podría traer consigo la aplicación de la nueva norma.
La medida ha sido criticada con desigual intensidad por los agentes sociales. El Gobierno de la Ciudad y los empresarios mantienen que la habilitación de las ayudas directas resulta perjudicial para empresarios y trabajadores. Entre otras críticas, el empresariado local sostiene que el nuevo modelo de subvenciones tiene un carácter excepcional, lo que cuestiona la estabilidad del Régimen Económico y Fiscal de la Ciudad y supone el aumento de la burocracia y merma la tesorería de las empresas. Además, plantean que el nuevo modelo supondría una pérdida de hasta 80 euros en las nóminas de los trabajadores.
Algo más comprensivos se han manifestado los sindicatos que, sin abandonar la prudencia, advierten de que el sistema podría llegar a ser beneficioso para empresas y trabajadores. UGT recordó que la bonificación de 262 euros no afectaría a los salarios brutos inferiores a los 1.700 euros y que la nueva ley, que entrará en vigor el 1 de septiembre, concerniría solo a las contrataciones cerradas a partir de esta fecha.
