El nuevo sistema que regula las bonificaciones sobre las cuotas empresariales de la Seguridad Social es «inaplicable» y debe ser derogado. Esta es la conclusión alcanzada este viernes por la comisión técnica creada para evaluar los efectos que el cambio de normativa reguladora de estas ayudas tendrá sobre la economía local.La comisión técnica está integrada por las entidades que integran la Mesa de Diálogo Social (Confederación de Empresarios, Cámara de Comercio, CCOO y UGT), los responsables de las direcciones territoriales del Servicio Público Estatal de Empleo( SEPE) y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y técnicos del área de Hacienda de la Ciudad.
En la que ha sido su primera reunión, la comisión ha acordado redactar un documento técnico que recoja las observaciones, propuestas y objeciones de los agentes sociales y económicos a la nueva norma. El borrador de ese documento se redactará en el ámbito de la Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital para ser posteriormente elevado a la Mesa de Diálogo Social. Está también previsto debatirlo con el Gobierno de Melilla, a fin de promover una acción coordinada entre las dos Ciudades Autónomas.
Este texto será remitido a la consideración del futuro nuevo Gobierno del país para instarle a cumplir con el deseo de empresarios y sindicatos: la derogación de la norma para recuperar la anteriormente vigente.
CCOO, UGT, CECE y Cámara de Comercio han subrayado la unidad de acción comprometida por sindicalistas y empresarios para forzar la desactivación de la norma. Los representantes de los trabajadores y la patronal han advertido de que la reacción a una respuesta insatisfactoria del Gobierno central será la convocatoria de «movilizaciones contundentes».
Una de las consecuencias que sindicatos y patronal atribuyen a la entrada en vigor de la nueva norma es la de que empresarios foráneos han comenzado a reconsiderar su proyecto de instalarse en la ciudad. Según sostienen, se da una falta de seguridad jurídica en el sistema de concesión de bonificaciones que tiene efectos disuasorios. CCOO ha llegado a asegurar que, hasta la fecha, ningún nuevo contrato ha podido acogerse a la bonificación.
La nueva norma
El origen del conflicto se encuentra en la entrada en vigor el pasado día 1 de la «Ley de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas». Esta norma ha sustituido a las bonificaciones del 50% sobre las cuotas empresariales a la Seguridad Social, aplicables en los territorios de Ceuta y Melilla, por una cantidad fija de 262 euros vinculada a la formación y la contratación indefinida. El Gobierno central aprobó el 18 de julio una serie de ayudas directas a los empresarios para compensar las posibles pérdidas que el nuevo modelo pudiera ocasionar a los empresarios. La patronal y los sindicatos ceutíes sostienen que el nuevo modelo perjudica a empresas y trabajadores, aunque siguen insistiendo en que no disponen de datos oficiales suficientes para hacer una estimación precisa.
