El Movimiento Estudiantil Ceutí quiere hacer pública y urgente la denuncia de la grave situación de precariedad e inseguridad que vive el CEIP Juan Morejón, tras los últimos episodios de inundaciones, goteras generalizadas y riesgos eléctricos dentro de las instalaciones del centro. Esta realidad no sólo pone en peligro la integridad física de alumnado y personal, sino que además vulnera obligaciones legales claras que las administraciones públicas están obligadas a cumplir.
Según denuncias de familias y trabajadores del centro, aulas enteras presentan acumulación de agua tras las lluvias, suelos resbaladizos, humedades persistentes y fallos en el sistema eléctrico. Estas condiciones suponen un riesgo evidente para niños, niñas y docentes que se ven obligados a continuar la actividad lectiva en un entorno inseguro.
Fundamento legal
El Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros educativos, obliga a que los edificios escolares reúnan condiciones adecuadas de seguridad, salubridad, accesibilidad y habitabilidad, conforme a la Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE) y la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación.
Asimismo, el Código Técnico de la Edificación establece que los edificios de uso docente deben garantizar la seguridad estructural, la protección frente a riesgos eléctricos y la adecuada conservación de las instalaciones. La repetición de filtraciones, goteras y fallos eléctricos en el CEIP Juan Morejón evidencia un incumplimiento de estas exigencias normativas.
El artículo 27 de la Constitución Española reconoce el derecho fundamental a la educación, que no puede ejercerse en condiciones que pongan en peligro la integridad física del alumnado ni del personal educativo.
Exigencias
Ante esta situación, el Movimiento Estudiantil Ceutí exige:
Una intervención inmediata y estructural en el CEIP Juan Morejón que solucione de forma definitiva las filtraciones, humedades y deficiencias eléctricas.
Garantías reales de seguridad para toda la comunidad educativa, conforme a la normativa vigente.
Responsabilidades y transparencia por parte de las administraciones competentes ante un abandono reiterado que pone en riesgo a menores.
Medidas preventivas y de seguimiento que eviten que esta situación vuelva a repetirse.
La educación pública en Ceuta no puede sostenerse sobre la precariedad y el riesgo. Garantizar espacios educativos seguros y dignos no es una opción, es una obligación legal y moral.
