La vigilancia de la frontera del Tarajal, que separa Ceuta y Marruecos, se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Ejecutivo de la Ciudad. Tras dos convocatorias públicas, el Gobierno de Vivas local que buscar por tercera vez en un año una empresa que se encargue de la vigilancia en el paso fronterizo.
El problema se remonta a marzo de este año, cuando el Gobierno de Juan Vivas convocó por primera vez un concurso público para gestionar el servicio de seguridad en la frontera del Tarajal. La responsabilidad había estado hasta entonces en manos de Eulen Seguridad SA, que fue la única empresa que se presentó a la licitación. Sin embargo, un mes más tarde, la compañía fue sancionada por Hacienda por incumplir sus obligaciones fiscales e inhabilitada para optar a nuevos contratos públicos hasta el 30 de noviembre. Esto obligó al Ejecutivo a frenar la concesión y a prorrogar el contrato actual con la misma empresa.
En julio, la Ciudad volvió a sacar a concurso el servicio de vigilancia en el paso fronterizo, con un presupuesto de 951.237 euros anuales. Pero esta vez, ninguna empresa se postuló para hacerse cargo del servicio, lo que volverá a obligar al Gobierno local a prorrogar el contrato actual con Eulen Seguridad SA, al no haber encontrado sustituto. En tres meses concluirá la prohibición que pesa sobre la compañía para acceder a nuevos contratos públicos, así que desde el Ejecutivo de Juan Vivas asumen que habrá que abrir una tercera licitación.
Pero no sólo la sanción de Eulen Seguridad SA supone un problema, como ya denunció el sindicato CCOO ya solicitó a la Delegación del Gobierno que incrementara el presupuesto para el contrato del servicio de vigilancia privada en la frontera del Tarajal con el objetivo de asegurar que se preste de manera adecuada y, al mismo tiempo, garantizar la estabilidad de los trabajadores.
Este sindicato llevaba a cabo esta petición tras quedar desierta la licitación, que salió a concurso con un importe de 951.237 euros al año. Según CCOO, las empresas no habrían mostrado interés por presentarse a la licitación porque el contrato no contempla la subida salarial aprobada por convenio y el presupuesto del mismo no alcanza para mantener a los 50 trabajadores que están destinados a este servicio en la actualidad con las condiciones del nuevo sistema de bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social que comenzará a aplicarse en septiembre.
De los 50 trabajadores destinados a este servicio, 13 de ellos son indefinidos y el resto, 37, fijos discontinuos, que se reparten habitualmente en turnos de 4 o 5 personas. CCOO pedía un aumento en la cuantía para que parte de los fijos discontinuos pasen a indefinidos y se puedan establecer turnos de 7 u 8, dando así estabilidad laboral a los trabajadores que prestan este servicio. Además, el sindicato pedía activar "una bolsa de horas" para la seguridad privada en la frontera para cubrir los picos de máxima afluencia en el paso fronterizo, como sucede durante la Operación Paso del Estrecho (OPE).
