El Ministerio de Inclusión decidirá en los próximos días si aparta al responsable del CETI tras ser señalado por no activar el protocolo de protección tras la agresión a una enfermera.
La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, ha confirmado este lunes que la continuidad del director del CETI, Antonio Jesús Bautista, —señalado por no activar el protocolo de actuación tras la denuncia de una enfermera— está en manos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
"Están investigando y daremos cuenta cuando sepamos algo", se ha limitado a decir Pérez, que ha insistido en que la Delegación trasladó toda la información al Ministerio en cuanto tuvo conocimiento de los hechos.
Preguntada por la posibilidad de un cese inmediato tras las acusaciones de omisión e intento de silenciar la denuncia, Pérez ha reiterado que será el Ministerio quien decida: "La decisión aún no nos ha sido comunicada", ha zanjado.
La Secretaría de Estado de Migraciones ya tiene sobre la mesa los informes y testimonios recabados. El expediente incluye las declaraciones de la víctima y del presunto agresor, además de la actuación de la dirección del centro tras el incidente.
Aunque se apunta a que la resolución podría llegar esta misma semana, todo indica que no sería efectiva hasta la celebración del Consejo de Ministros, que se celebrará el 26 de agosto. En el centro de la investigación está determinar si hubo omisión de responsabilidad o vulneración de protocolos en casos de agresión sexual.
Una agresión física y sexual
Los hechos ocurrieron cuando una enfermera acudió a administrar un tratamiento inyectable a un residente del CETI. Según su denuncia, el joven se bajó los pantalones, le mostró los genitales y la agarró del brazo con fuerza, causándole lesiones. La sanitaria logró zafarse y alertó de inmediato a sus superiores.
El interno no fue finalmente condenado por agresión sexual, pero la Justicia sí dio por probada la agresión física.
El sindicato de enfermería SATSE ha acusado públicamente a la dirección del centro de intentar que la víctima no interpusiera la denuncia y de no activar los protocolos de protección. "Es una dejación de funciones inaceptable en alguien con responsabilidad directa", denuncian.
Exigen transparencia y medidas ejemplares
Partidos políticos y sindicatos reclaman transparencia y medidas contundentes si se confirma la negligencia. La Delegación del Gobierno ha reiterado su respaldo a la víctima y su condena a cualquier tipo de agresión, asegurando que no se tolerará "ningún encubrimiento ni mala praxis".
