El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el real decreto que pone en marcha el proceso de regularización extraordinaria de migrantes en España, una medida que podría beneficiar a más de medio millón de personas en situación administrativa irregular. La norma, que modifica el Reglamento de Extranjería, entrará en vigor tras su publicación en el BOE y permitirá iniciar las solicitudes a partir del 16 de abril.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido la iniciativa asegurando que se trata de un paso hacia “un país mejor, que reconoce derechos en lugar de recortarlos”, subrayando además que el proceso cuenta con el aval del Consejo de Estado.
Requisitos para acceder a la regularización
Para acogerse a esta regularización extraordinaria, los solicitantes deberán cumplir tres condiciones clave: haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026, acreditar al menos cinco meses de residencia continuada en el país y carecer de antecedentes penales.
En este último punto, la normativa introduce una novedad relevante: si el solicitante no recibe respuesta del país de origen sobre su certificado de antecedentes, será el propio Gobierno quien gestione la solicitud, evitando bloqueos administrativos.
Quedan excluidas del proceso las personas apátridas, entre ellas numerosos saharauis, siguiendo la recomendación emitida por el Consejo de Estado.
Cómo solicitar la regularización
El procedimiento podrá realizarse tanto de forma telemática como presencial. La vía online estará disponible las 24 horas durante todo el plazo, mientras que quienes opten por la atención presencial deberán solicitar cita previa desde el mismo 16 de abril, aunque las primeras atenciones en oficina comenzarán el 20 de abril.
En el caso de Ceuta, los interesados podrán iniciar los trámites en las mismas fechas, dentro de un sistema que contará con el refuerzo de oficinas y personal para garantizar la tramitación. Además, podrán recurrir a representantes como abogados o gestores administrativos, así como a entidades colaboradoras autorizadas.
El plazo para presentar solicitudes se extenderá hasta el 30 de junio, fecha límite fijada por el Ejecutivo.
Derechos y alcance de la medida
Las personas que obtengan la regularización recibirán un permiso inicial de un año, junto con número de afiliación a la Seguridad Social y acceso a la tarjeta sanitaria. Posteriormente, podrán integrarse en las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería.
Además, desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite, los beneficiarios contarán con autorización provisional de trabajo, una medida orientada a facilitar su integración laboral de forma inmediata.
El Gobierno sostiene que esta regularización responde no solo a criterios sociales, sino también económicos y demográficos. Según ha destacado la ministra, informes oficiales advierten de que una reducción significativa de la migración tendría un impacto negativo en el crecimiento económico y en el sostenimiento de servicios básicos.
