El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y presidente de la Comisión Interministerial de Inmigración, Ángel Víctor Torres, ha respondido por carta a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid que el mecanismo de derivación de niños, niñas y adolescentes migrantes establecido por el Real Decreto-ley 2/2025 continúa plenamente vigente mientras se mantenga la situación de contingencia migratoria en territorios de llegada como Canarias, Ceuta y Melilla.
El ministro aclara que, si bien el hacinamiento ha disminuido gracias a este mecanismo legal, la contingencia no puede considerarse finalizada mientras estos territorios mantengan una presión migratoria que triplica su capacidad ordinaria de acogida. En consecuencia, el sistema de reubicación de menores previsto en la normativa estatal “debe seguir aplicándose”.
Torres destaca que el mecanismo activado para dar una respuesta conjunta en todos los territorios al fenómeno migratorio, poniendo por delante el interés superior del menor, “es un hito histórico que llevan reclamando las comunidades que más presión migratoria padecen”. Asimismo, subraya que su aplicación ha contado durante los últimos meses con la colaboración y la lealtad institucional de la mayoría de comunidades y ciudades autónomas, lo que ha permitido avanzar en una respuesta solidaria ante una situación extraordinaria, sin que se hayan producido alteraciones de la convivencia.
El ministro recuerda que la Comunidad de Madrid está gobernada por la misma fuerza política que gobierna en Ceuta y Melilla y que cogobierna en Canarias, y añade que es el Gobierno de España quien más está apoyando a estas comunidades. En este sentido, señala que el sistema está permitiendo aliviar el hacinamiento y mejorar la vida de los menores migrantes no acompañados.
En la carta, el ministro indica que el pasado 26 de marzo tuvo que aplazarse temporalmente el traslado de siete menores procedentes de Ceuta tras una alegación de la Comunidad de Madrid. Ante esta situación, la Fiscalía Provincial de Madrid concluyó, en un decreto emitido el 27 de marzo, que las resoluciones de traslado y reubicación son actos administrativos válidos y ejecutivos y que no existían circunstancias que justificaran su suspensión.
Por este motivo, el ministro recuerda que dichas reubicaciones cuentan con respaldo jurídico y deben ejecutarse conforme a la ley. Finalmente, insiste en que todas las actuaciones se realizan para garantizar la seguridad jurídica, el respeto a los Derechos Humanos y el interés superior del menor, reiterando su disposición al diálogo y a la cooperación institucional para asegurar una respuesta eficaz centrada en la protección de los menores.
