La denuncia presentada por Caballas en el juzgado contra la ejecución del proyecto de reforma de la Gran Vía no ha sido archivada. El juez no advierte la concurrencia de tipos penales en la tramitación del proyecto y, por consiguiente, no entra a considerar la solicitud planteada por la coalición para la paralización de las obras.
Los diputados Mohamed Alí y Juan Luis Aróstegui formalizaban el pasado día 7 una denuncia en la que que solicitaban la suspensión cautelar de las obras. Según Alí y Aróstegui, el procedimiento seguido por el Gobierno de la Ciudad incurría en varias vulneraciones de la ley que podrían constituir un delito de prevaricación.
Recreación de la futura Gran Vía según el proyecto de la Ciudad (REPRODUCCIÓN)
La primera de las objeciones planteadas por los denunciantes aludía a que el proyecto no había sido aprobado por el órgano competente, tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público. La segunda identificaba la obra como un proyecto de urbanización, lo que obligaría a someterlo a exposición pública, trámite que no se ha cumplimentado. Una de las diligencias solicitadas por Caballas era, precisamente, la de la toma de declaración al arquitecto municipal. Según los denunciantes, este funcionario sostenía que el de Gran Vía tiene la condición, contra lo defendido por la Consejería de Fomento, de proyecto de urbanización.
Recurso de apelación
Tras la comunicación recibida, el consejo político de Caballas ha decido presentar una recurso de apelación al considerar la decisión "como totalmente injusta", ha declarado el líder de la formación, Mohamed Alí.
El localista ha vuelto a insistir en que la obra de la Gran Vía incumple el PGOU, el Plan Especial de la Gran Vía y las normas urbanísticas "pese a que Caballas hizo varias advertencias al Gobierno de la Ciudad"
