Han transcurrido seis años desde que Ceuta se blindó contra el maltrato animal. Desde el año 2016 ostenta la catalogación de ‘ciudad libre de maltrato animal’, tal y como publicó una edición del BOCCE que hacía oficial la declaración avalada por todo el pleno de la Asamblea por la que se “prohibía la celebración de espectáculos circenses que incluyan números con animales, así como de todo aquél que implique algún tipo de sufrimiento”.
Dicho reglamento municipal establece que el Ayuntamiento promoverá todo tipo de actuaciones de defensa, protección y bienestar de los animales, así como, las encaminadas a la prevención del abandono, consecuencia de la cría irresponsable de los animales, mediante el fomento de la esterilización, concretamente en perros y gatos.
También en el marco legislativo sobre la materia, el Consejo de Ministros aprobaba el pasado 1 de agosto, en segunda vuelta, la Ley de Derechos Animales. Una norma pionera para garantizar el bienestar de estos, con un marco legal común en España para la protección animal. La ley, impulsada desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, busca poner fin al maltrato, abandono y sacrificio de animales. Entre los cambios más destacables, está impedir que se sacrifiquen animales de compañía, salvo por motivos sanitarios y eutanásicos, prohibir la exhibición con fines de comercialización o reconvertir los zoos y delfinarios en centros de recuperación de especies autóctonas.
Con este preámbulo, ¿se puede acoger Ceuta a la ley para prohibir la celebración de la corrida goyesca programada para el 18 de septiembre, organizada por la empresa Taurohispania Milenium con motivo del centenario de la Legión?
Las asociaciones animalistas, un movimiento que ha cobrado fuerza en la ciudad durante los últimos años, no ha demorado lo que se esperaba de ellos, y ya ha impulsado una iniciativa de recogida de firmas apelando, precisamente, a la norma autonómica. Sin embargo, salvo que el movimiento de la ciudadanía consiga paralizarlo, los espectáculos taurinos son salvados por la campana y no se verán afectados por esta nueva ley, puesto que están protegidos a nivel constitucional como patrimonio cultural.
En el año 2013, la tauromaquia fue declarada por el Senado Patrimonio Cultural de España con el único apoyo del Partido Popular. La norma, publicada el 12 de noviembre de ese mismo año en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga a las administraciones públicas a “garantizar y, a su vez, desarrollar unas medidas de fomento y protección en el ámbito de la Administración General del Estado”. Sin embargo, no todas las comunidades apoyan firmemente la tauromaquia, entendida esta, no solo como la corrida de toros, sino como “el conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas, incluyendo la crianza y selección del toro de lidia, que confluyen en la corrida de toros moderna y el arte de lidiar”.
Comunidades Autónomas antitaurinas
La única comunidad autónoma española en la que, por ley, a día de hoy, no se realizan corridas de toros es Canarias. En el archipiélago existe una ley, que data de 1991, en la que se recoge que queda prohibido “utilizar animales en peleas, fiestas, espectáculos y otras actividades que conlleven maltrato, crueldad o sufrimiento”.
El 28 de julio de 2010, el Parlamento de Cataluña aprobó la abolición de las corridas de toros a partir de una Iniciativa Legislativa Popular promovida por la Plataforma Prou! Sin embargo, en octubre de 2016, el Tribunal Constitucional anuló esta prohibición, al considerar que la tauromaquia es competencia del Estado, ya que está declarada patrimonio cultural inmaterial. De este modo, la administración catalana no tiene potestad sobre ella.
En Galicia el movimiento antitaurino ha tomado mucha fuerza en los últimos años. A día de hoy, la feria taurina de Pontevedra es la única que sigue celebrándose en la comunidad, aunque es cierto que lleva dos años sin organizarse debido a las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia.
En 2015, el ayuntamiento de Palma de Mallorca aseguró tener el compromiso del Gobierno Balear para llevar a cabo las modificaciones legislativas pertinentes para evitar que se celebrasen 'eventos que enaltecen el maltrato animal como son las corridas de toros'. Así, el gobierno municipal aprobó una moción para declarar Palma de Mallorca como ciudad antitaurina, aunque no pudo prohibir las corridas porque la licencia es autonómica.
En 2017 el gobierno balear, compuesto por los partidos del Pacte, PSOE, Podemos y Més, llevó al parlamento una ley para limitar la tauromaquia en el archipiélago. Así, podrían celebrarse corridas de toros, pero sin banderillas ni nada que pudiera herir o matar al animal. También se incluían diferentes trabas legales y económicas que tenían como fin el de reducir el número de espectáculos taurinos en la comunidad. Sin embargo, en diciembre de 2018, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia que anulaba los principales artículos de la ley.
