La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Kissy Chandiramani, ha ordenado la remodelación del plan de servicios de limpieza viaria aprobado para reforzar las tareas de desinfección y baldeo de las calles con motivo de la pandemia de coronavirus. Chandiramani adopta esta decisión forzada por un informe de la Abogacía del Estado que considera inviable la aplicación del plan inicial puesto que supone una modificación del contrato vigente suscrito en su día con Trace, concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos. El plan suponía un coste extra para las arcas públicas de 1,4 millones de euros.
En el transcurso de una rueda de prensa ofrecida esta mañana en el Palacio de la Asamblea, la consejera ha explicado que, a partir de ahora, se abre un periodo para dilucidar cuál de las tres alternativas que ofrece la Abogacía del Estado en su informe elegirá la Ciudad para ajustar el plan de servicios a la normativa.
Chandiramani ha explicado que, en todo caso, es intención del Gobierno municipal no prorrogar más allá de su finalización, prevista para febrero de 2023, el contrato que actualmente mantiene la Ciudad con la concesionaria del servicio. La consejera ha reconocido que, además de mantener reuniones con representantes de Trace, ha recibido a otras empresas interesadas, entre las que ha citado a Urbaser y FCC.
Las alternativas
Las vías que ofrece la Abogacía del Estado son las de resolver ya el actual contrato y celebrar uno nuevo, tramitar por emergencia los servicios de refuerzo contemplados en el plan o invitar a la Ciudad a asumir por sí misma estas tareas. Ahora el Gobierno municipal optará por una de ellas, para lo cual mantendrá encuentros con los grupos políticos, la dirección de Trace y los miembros de su comité de empresa.
Chandiramani se reunía esta mañana con los grupos políticos representados en la Comisión Informativa de Hacienda, a los que hacía partícipes de las intenciones del Gobierno y entregaba el texto del informe evacuado por la Abogacía del Estado.
“Es, en todo caso, un problema de procedimiento: nadie pone en duda la necesidad de los refuerzos del servicios forzada por la pandemia”, ha subrayado la consejera para justificar las objeciones planteadas por la Abogacía del Estado en sus conclusiones. “Y hay que recordar que es un informe que se emite a petición mía”, ha subrayado Chandiramani.
Reestructuración del plan
La dirección facultativa del contrato deberá ahora reestructurar el plan de servicios para reequilibrarlo financieramente. La intención es la de ajustar la relación de tareas eliminando aquellas que ya no se prestan debido a la pandemia (entre ellas, los trabajos de limpieza relacionados con la Feria, la festividad de la Virgen del Carmen, la celebración del Ramadán o la instalación del Mercado Medieval). Según ha detallado Chandiramani, una vez que la situación sanitaria retorne a la normalidad, el plan de servicios volverá a reevaluarse.
El plan de servicios cuestionado por la Abogacía del Estado había sido aprobado con el aval técnico del catedrático Tomás Ramón Fernández y a pesar de las objeciones planteadas por el Área de Contratación de la Ciudad y el interventor municipal. Chandiramani asegura que fueron los propios técnicos municipales los que recomendaron consultar a Fernández ante las dudas jurídicas surgidas en torno a la aprobación del plan de servicios.
