“Es una polémica artificial”. Han sido las palabras con las que el portavoz accidental del Gobierno y consejero de Cultura definía a la controversia que rodea a la anunciada corrida de toros, sobre la que ha vuelto a dejar clara la postura de la Administración local. “No nos hemos posicionado y tampoco pondremos pegas si toda la documentación presentada es correcta. No podemos poner obstáculos porque es legal”, ha explicado Carlos Rontomé.
Sin embargo, ha reconocido que la celebración en la fecha establecida por la empresa- el 18 de septiembre-, es entre complicada e imposible. “Cuando nos llegó la propuesta tuvimos que recuperar el expediente del último evento taurino que se celebró en la ciudad, y comprobamos que los trámites se dilataron hasta seis meses”. Unas declaraciones que confrontan directamente con las esgrimidas hace tan solo unos días por parte del empresario, Esteban Díaz, quien se atribuía una dilatada experiencia en la organización de eventos de esta naturaleza para, según él, conocer que “juagaba” con tiempo de sobra. Concretamente, manifestó que presentando el proyecto unos 20 días antes era suficiente. El portavoz del Gobierno ha insistido en las reiteradas advertencias que le manifestó a Díaz en las que recalcó que “el tiempo es escaso” y la tramitación “compleja”. “Es un festejo con riesgos elevados, no solo por la actividad que se ejerce, sino también por el público”, ha dicho el portavoz del Ejecutivo. “El proceso es tan delicado que hay que enviar hasta la genealogía de los toros”.
Sin embargo, la empresa todavía no ha presentado el proyecto ante Festejos, “que es quien lo autoriza, y no Delegación del Gobierno”. Un dardo directo que le han lazado a Vox que acusaba no solo a la Ciudad de “boicotear” la corrida, sino que señalaba a la institución de la plaza de los Reyes como la competente en la materia. Sin embargo, la ultraderecha volvió a resbalar en el desconocimiento, pues dichas competencias se encuentran transferidas a la Ciudad desde el año 96, tal y como han aclarado desde la propia Delegación.
Por su parte, el Gobierno, en palabras de su portavoz, ha negado haber ejercido cualquier tipo de presión política para evitar que se celebre la ‘goyesca’, como le atribuía el empresario. “No es normal presentar una solicitud con tan poca antelación, aunque sabíamos que las presiones nos iban a venir por sendas partes. Si se celebraba nos iban a tachar de maltratadores, y si no, de derechita cobarde”.
