Ni la Delegación del Gobierno en Ceuta ni la ciudad autónoma tienen constancia oficial del destino de los 55 menores no acompañados que fueron entregados por la frontera del Tarajal el verano pasado a Marruecos, en teoría, para una reunificación familiar, según una información de ABC.
Por parte de ambos organismos se esgrimió un acuerdo bilateral inédito con Marruecos y que además de contemplar que España debía aplicar su propia legislación interna, cosa que según los tribunales no se hizo, marcaba un intercambio de información entre ambos países.
El primero, de las autoridades españolas, que debían trasladar los expedientes de cada uno de los menores con todos los datos recopilados sobre su situación a las autoridades marroquíes. El segundo, de estas a España, porque su compromiso es "la identificación del menor y de su familia y a la expedición de documentación que demuestre su nacionalidad".
Un año después, nada se sabe. Lo reveló la propia delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta de Ceuta, Mabel Deu, a su paso por la Fiscalía. Mateos sostiene que "con la intención de evitar someter su actuación a las disposiciones legales" y "eludir las responsabilidades administrativas y penales en que eran perfectamente conscientes iban a incurrir", acordaron "fundamentar su ilícito proceder" en el acuerdo bilateral entre España y Marruecos "simulando en todo momento que este permitía practicar la inmediata devolución" de aquellos menores "sin necesidad de ajustarse al procedimiento" legal.
La delegada del Gobierno se escudó ante la Fiscalía en que "la decisión" fue del Ejecutivo central. Durante el interrogatorio, incluido en el sumario de la causa al que tuvo acceso el Diario ABC, Mateos explicó que una vez la secretaría de Estado dio luz verde por escrito a la repatriación de los menores, preguntó al cónsul de España en Tetuán por el centro de acogida que Marruecos iba a utilizar para recibirles y las referencias fueron buenas.
Según su declaración, Mateos contactó con una autoridad local, "el jefe de gabinete de Rincón", porque "quería garantía de Ceuta de que los niños iban a entregarse a sus padres" y él le dijo que asistiría personalmente. Para ella, su palabra fue la "garantía" y la única que ha tenido, a la luz de su declaración. "En ningún momento Marruecos envía comunicaciones a Ceuta, al no considerarla parte de España", señaló, para añadir, pese a ello, que "solicitó información" en los términos que recoge el mencionado convenio.
En cuanto a los datos que España les había facilitado, Mateos sólo refirió el envío a ese jefe de gabinete de la lista de 145 nombres de menores a entregar. A Mabel Deu "no le consta" que se recibiera la documentación aunque el pacto era que Marruecos diese datos. En una reunión relatada que tuvieron junto a representantes marroquíes, junto a la valla un par de días antes de que se iniciasen las repatriaciones, "se concretó que tenían que recibir posteriormente los datos de los familiares retornados". A Deu, en todo caso, "no le constaban quiénes eran las familias de origen" de los chicos que se iban a entregar a Marruecos y aunque "no tiene duda" de que las ONG que llevaban la acogida habían determinado que no eran vulnerables.
La vicepresidenta Deu declaró que "el acuerdo consistía en que una vez que los menores se reagrupasen con su familia, se pondría en conocimiento de las autoridades españolas, mandando la documentación correspondiente". Pero al final, sabe de la "reagrupación de algunos menores con sus familias" porque lo leyó en un periódico ceutí.
En la repatriación de menores hubo una voz discrepante, como informa ABC, la de la jefa del área de Menores de Ceuta. Antonia Palomo, contestó por escrito a la vicepresidenta de Ceuta cuando le ordenó iniciar los trámites de las repatriaciones que no le constaba gestión alguna de la Delegación del Gobierno para un proceso "acorde con la legislación vigente". Exponía que el acuerdo con Marruecos establecía que España debía cumplir sus propias leyes y los convenios internacionales, incluido el "detallado procedimiento para ejecutar las repatriaciones de los menores de edad" que marca la Ley de Extranjería, por lo que instaba tanto a la Delegación como a la Secretaría de Estado a adoptar esas medidas. Cuando se iniciaron las entregas de menores a Marruecos, Palomo alertó a la Fiscalía.
Todos los asesores y cargos de la vicepresidencia de Ceuta y la Delegación del Gobierno que testificaron ante la fiscal coincidieron en que no tenían constancia alguna de que Marruecos hubiese informado del paradero final de los menores. El secretario general de este último organismo, presente en todas las gestiones, dijo que cuando se entregaba a los chicos "las autoridades marroquíes verificaban que eran menores de edad, pero no recibieron ningún tipo de documento, ni constancia documental de la entrega a sus familias, tan sólo verbal". No consta que se haya hecho, "todavía se están haciendo gestiones con Marruecos para recabar esa información", reza la transcripción de su testimonio.
Mateos, que está citada como imputada para declarar el próximo 7 de septiembre, centra su defensa en que "las devoluciones de los menores las acordó el Gobierno de España en contacto con el Gobierno de Marruecos".
