Caballas ha remitido un escrito al presidente de la ciudad, Juan Vivas, sobre la encomienda de gestión de Tragsa para la limpieza urbana. El lunes la coalición ofrecía una rueda de prensa en la que pedía que los 60’ puestos de trabajo necesarios para la encomienda se cubrieran con parados de la ciudad. También denunciaban un presupuesto de 1,5 millones de euros “con un alto margen de beneficio”.
En el escrito Caballas asegura que la empresa ha contratado ya al personal previsto en el documento que sustenta la encomienda y han comenzado a efectuar las tareas, “sin que se haya conocido ningún proceso de selección que respete los principios que la Constitución contempla como obligatorios para las administraciones públicas (publicidad, mérito, capacidad y libre concurrencia)”. Recuerdan que “las razones esgrimidas por su Gobierno para utilizar esta figura es que Tragsa tienen la consideración de “medios propios”, es decir, debe actuar con sujeción a lo establecido para las administraciones públicas”.
Aseguran que tras la denuncia realizada, Tragsa informó de que la selección se personal se ha llevado a través del SEPE. “Aun siendo así, se habría incumplido la ley, ya que el SEPE debería haber enviado tres aspirantes por puesto y una comisión de selección aplicando criterios objetivos haber elegido finalmente a los mejores candidatos. Pero es peor”. Según Caballas, la propia oficina de SEPE, esta mañana, ha desmentido que haya tramitado ningún proceso de selección de personal para la empresa Tragsa. “Estamos ante un caso de flagrante vulneración de la ley que perjudica a todas las personas que podrán aspirar legítimamente a estos puestos de trabajo”. Pero es que además esta situación abre un interrogante de “indudable importancia” para Caballas que se preguntan quién ha hecho la selección y qué criterios se han utilizado. “Usted, señor Presidente, tiene la obligación de ofrecer, cuanto antes mejor, una respuesta clara y convincente a la ciudadanía sobre esta situación. Caballas le advierte de que en caso de no producirse esta explicación, exigiremos responsabilidades antes los tribunales de justicia”.
En la carta, Caballas va más allá y duda de la legalidad de que una empresa de “medios propios” baraje un margen de beneficio de entre el 10 y el 15% “tal y como declara la propia empresa en un artículo de prensa. Esto en sí mismo un escándalo”. Pero es que además, continua el escrito, 2en el documento técnico que soporta la Encomienda de Gestión, y en el que figuran los costes detallados, no aparece una partida de beneficios, lo que quiere decir que estos se piensan obtener de certificar “por encima del coste real facturado”, dicho de otro modo, nos están avisando públicamente de que se van a malversar los fondos públicos”.
Tras el relato de los hechos, Mohamed Ali considera que el presidente “no puede permanecer impasible ante estos hechos que, en sí mismos, tienen toda la apariencia de ser delictivos. Ya le advertimos que los costes calculados están extrañamente sobrevalorados. Le exigimos que se aclaren todos estos extremos”. Termina con un aviso a navegantes. “En cuanto se produzca el primer pago en estas condiciones, lo pondremos en manos de la justicia para que esclarezca las responsabilidades a las que hubiera lugar”.
El MDyC también pide explicaciones
El MDyC recuerda que ya exigió al Gobierno que, antes de realizar la encomienda, "obtuviera el compromiso por escrito de la empresa Tragsa de que todos los recursos que se aplicaran a la limpieza de los vertederos que le va a dar a dedo sean de Ceuta y con la máxima transparencia. Nuestros peores augurios se han cumplido, y hasta el SEPE niega que haya participado en esa selección, por lo que exigimos una explicación del Desgobierno de quiénes han sido los elegidos por la empresa y quiénes los han colocado".
