El pleno de la Asamblea ha acordado este viernes en sesión extraordinaria declarar la nulidad de los artículos del Acuerdo Regulador de la Ciudad Autónoma que contemplaban premios a la jubilación para los empleados públicos. La sesión plenaria se ha convocado después de que un informe del Consejo de Estado concluyera que esos pagos al final de las carreras de los trabajadores de la Ciudad eran ilegales puesto que significaban una doble retribución. El informe, además, ordenaba la iniciación de conflicto colectivo en el ámbito del personal laboral.
El Consejo de Estado advertía de que esos premios suponían la retribución de «un hecho natural e inevitable como es la extinción de la relación funcionarial» y confirmaba que estaban «incursos en nulidad de pleno derecho» pues contravenían normas como la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Bases de Régimen Local.
Los artículos 16.II y 25 del Acuerdo Regulador, declarados nulos este viernes por el pleno, contemplaban retribuciones de entre 12.420 y 46.575 euros para quienes se acogiesen a la jubilación voluntaria y de hasta 9.315 por jubilación forzosa.
La nulidad de estos premios de jubilación ya fue sancionada por el Tribunal Supremo.
Debate
La propuesta planteada por la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública para la nulidad de los artículos del Acuerdo Regulador ha abierto un breve debate liderado desde la oposición por la diputada de MDyC, Fátima Hamed, quien ha puesto en cuestión la diligencia del Gobierno municipal. «Los perjudicados son la ciudad en su conjunto y los funcionarios en particular, sin olvidar al personal de la empresas municipales: ¿qué van a hacer a partir de ahora?», ha preguntado Hamed.
La diputada ha interpelado a la consejera Kissy Chandiramani por si los pagos ya satisfechos, que ha estimado en torno a los 500.000 euros, deberán ser devueltos por los beneficiarios y por si, ante la judicialización del proceso, los miembros del Gobierno podrían tener que responder con su patrimonio personal por los premios abonados presuntamente de manera irregular.
Chandiramani, ante los reproches también vertidos contra el Gobierno por el diputado de Vox, Carlos Verdejo, ha recordado que la legalidad de los premios de jubilación ha sido origen de una controversia jurídica que ha motivado diversas sentencias a lo largo y ancho del país. «Se dirimía si era una ayuda social o una retribución al personal funcionario, no era un asunto que sólo afectase a Ceuta», ha sostenido la consejera. Chandiramani también ha argumentado, en relación a las consecuencias jurídicas que pudieran derivarse de la declaración de nulidad de los premios, que el Gobierno actuará conforme se vayan cubriendo los hitos del procedimiento.
