El colectivo de trabajadores transfronterizos podría percibir la prestación por desempleo a su aprobación en 2023, según ha confirmado Público. El Consejo de Ministros de este martes aprobará esta medida, que sigue la línea marcada tras la tardía ratificación por parte de España del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Tras el Real Decreto que ha permitido que las trabajadoras domésticas cotizar a la Seguridad Social en el mismo régimen que el resto de empleados por cuenta ajena y que garantiza, junto a otros derechos laborales, el acceso a la prestación por desempleo, a partir de este mismo mes de octubre, el ministerio que dirige Yolanda Díaz, llevará al Consejo de Ministros el estudio de una reforma legislativa para que los trabajadores transfronterizos reciban esta prestación que, hasta el momento, no les corresponde por no residir en España.
Según la Ley de Extranjería, estos empleados tienen derecho a acceder al sistema de la Seguridad Social, aunque en la práctica quedan excluidos de recibir la protección por desempleo al no residir legalmente en España. Este tipo de prestación no existe en Marruecos, al menos de una forma equiparable, ni hay convenios de reciprocidad entre ambos Estados al respecto. En la Unión Europea, el único país que puede conceder la prestación por paro es el país de residencia de la persona, aunque hay convenios de reciprocidad entre los Estados miembro para que los trabajadores puedan acceder a este subsidio, como ocurre en el caso de trabajadores de ambos lados de la frontera con Francia o Portugal.
Es precisamente este detalle el que Trabajo quiere modificar, por lo que lleva al Consejo de Ministros la propuesta de que se inicie el estudio para llevar a cabo una "reforma legal dirigida a mejorar la protección de los trabajadores y trabajadoras transfronterizos" con "especial consideración al colectivo de empleadas de hogar". No se descarta buscar este avance mediante un convenio de reciprocidad con Marruecos.
El principal escollo llega a nivel jurídico y está en la actual imposibilidad de que España abone una prestación a personas que no residen legalmente en país. También hay dificultades a la hora de abonarlas a beneficiarios que no disponen de una cuenta bancaria en España. Es un reforma compleja, de ahí que el primer paso sea poner en marcha un estudio jurídico que se aprobará este martes dentro de los Planes Estratégicos Integrales de Melilla y Ceuta, que supondrán inversiones en infraestructura y una mayor dotación presupuestaria.
La reforma que pretende Trabajo va un poco más allá de reconocerles el paro, ya que también busca que este colectivo pueda inscribirse como demandante de empleo en el supuesto de no residir en España. Está por ver si este pequeño avance termina englobado a todos los trabajadores transfronterizos o solo al sector del hogar y los cuidados.
La medida, en principio, no tendría impacto en las cuentas públicas, ya que los beneficiarios son cotizantes a la Seguridad Social.
Una vez aprobado este comienzo de análisis jurídico, se calcula que en pocos meses estaría listo el Real Decreto que otorgaría una mínima protección pública a uno de los colectivos más dañados por la pandemia. Un gran número de trabajadores transfronterizos perdió su empleo y no pudo beneficiarse de ninguna de las medidas del llamado escudo social al ser ciudadano de otro país.
No tuvieron ERTE ni Ingreso Mínimo Vital y un alto porcentaje ni siquiera conserva a día de hoy su anterior puesto de trabajo. Otros derechos de los que carece el colectivo de trabajadores transfronterizos es el contrato indefinido, ya que están obligados a realizar contratos de un año de duración que se pueden renovar anualmente. Otra de las discriminaciones de este colectivo es que, aunque tendrían derecho a atención en la sanidad pública española, solo son titulares los cotizantes y no sus familiares directos, explican fuentes de CCOO en Melilla.
De hecho, la primera vez que se tuvo constancia de esta exclusión en derechos fue durante la pandemia, cuando se aprobó un subsidio extraordinario para las empleadas del hogar afectadas por la covid, al que no pudieron acceder las transfronterizas marroquíes.
