Los trabajadores de la empresa pública Obimasa volverán a concentrarse desde este martes ante las puertas del Ayuntamiento para exigir la entrada en vigor del nuevo convenio colectivo acordado con la dirección el pasado mayo. Esta decisión se adopta después de transcurridas dos semanas desde que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, se comprometiera con una delegación de la plantilla a elaborar un informe jurídico sobre el nuevo convenio negociado como paso previo a su ratificación por el consejo de administración de la empresa. Los trabajadores se quejan de no haber recibido noticia alguna desde que Vivas asumiera este compromiso.
En un comunicado, el sindicato UGT responsabiliza al consejero de Medio Ambiente, Yamal Dris, de negarse a convocar la reunión del consejo de administración de Obimasa que debería ratificar el texto del nuevo convenio. Los trabajadores denuncian la existencia de «intereses espurios que no serían fácilmente defendibles si salieran a la luz» y que impiden la entrada en vigor del documento. La formación sindical considera que detrás de la reticencia del Gobierno municipal a facilitar la activación del convenio se esconde una «estratagema» para perjudicar a UGT.
«Y en esta estrategia en la que cuentan con colaboradores externos a la empresa, no les importa lo más mínimo utilizar como rehenes a un grupo de trabajadores que lo único que desean es, para ellos y sus familias, mejorar sus condiciones laborales y salariales en las mismas condiciones que han hecho otras empresas municipales», se queja el sindicato en su nota.
Objeciones técnicas
UGT sostiene que las objeciones técnicas con las que la Administración justifica la paralización de la entrada en vigor del convenio ofrecen ejemplos que califica de «delirantes». El sindicato mantiene que no puede argumentarse, como hace la Ciudad, que la jornada laboral legal sea de 37,5 horas, frente a las 35 recogidas en el nuevo convenio, cuando existe un acuerdo del Consejo de Gobierno de agosto de 2018 que reconoce la jornada de 35 horas a todo el sector público de la Ciudad.
En el comunicado, y en respuesta a otras consideraciones técnicas argüidas por la Administración, UGT recuerda que los pluses que recoge el convenio ya recibieron el visto bueno en los casos de otras empresas públicas como Amgevicesa u Obimace. «Y qué decir de la supuesta ilegalidad de la reclasificación del personal sin acudir a la promoción interna: una broma; Todo el mundo sabe que todos los funcionarios de los cuerpos de Policía Local y de Bomberos fueron reclasificados simplemente con un acuerdo plenario», mantiene el sindicato.
