“Hasta aquí hemos llegado. No vamos a esperar más”. Ha sido el ultimátum conjunto de UGT y CCOO a la Administración local para que incremente la plantilla “bajo mínimos” de los centros de menores, y con puestos estructurales. Las centrales anuncian movilizaciones en caso de que el Gobierno no tomé cartas en el asunto, ya que apuntan que el personal se ha reducido a la mitad durante los últimos 14 años, periodo durante el que, apuntan, no se han vuelto a convocar ninguna plaza.
“Nos gustaría saber qué ha ocurrido con esas 180 plazas anunciadas en el 2018”, deslizan como cuestión al Gobierno. En este sentido, manifiestan que “hasta se conforman” con un aumento de medio centenar de personas. “Con 90 o, incluso, 45. Todo sea por un personal desgastado que no puede más”.
Explican que la cobertura de diferentes puestos vacantes por causas como jubilaciones se están salvando con contratos indefinidos, pero no consolidados, que derivan en una ausencia de especialización en un área que, insisten, ello supone la máxima para poder ejercer eficientemente.
Las reivindicaciones de los dos sindicatos versan, más allá de ese necesario incremento de personal, y de la estabilidad de las plantillas, sobre otros puntos como la adecuación de las categorías profesionales. Piden homogeneizar aquellas que en la práctica realizan las mismas funciones, tales como ayudante educativo, cuidador monitor, reclasificando a estos dos últimos en el grupo C1.
Asimismo, exigen la implantación de una segunda actividad, de la misma forma que la goza la policía local, en los colectivos que, debido al desgaste psicofísico, genera el desempeño de las labores a realizar.
Asunto a parte, es el de la toxicidad y peligrosidad que también conforma su lista de reclamos. Salvan la controversia alegando la exposición a la que se enfrenta el personal, indistintamente que desempeñe sus funciones en Punta Blanca o en La Esperanza y el centro del Mediterráneo. “La peligrosidad es que te lleguen chicos con enfermedades infecciosas, por ejemplo, tenemos casos de sarna, hepatitis y hasta alguno de sida”. En la misma línea matizan que proceden de entornos desestructurados, y que su función es “educarlos”. Por ello, piden la equiparación de este plus para toda la plantilla, ya que hay personal que lo percibe y otros que no. Un complemento que cifran en 50 euros por trabajador.
Precisamente, en el plano económico, las centrales no han hecho números. Reconocen desconocer al incremento financiero que le supondría a la Administración, pero lo zanjan alegando que “este asunto no entiende de números, porque antes están los trabajadores”.
