El sindicato, en la Mesa de Negociación, ya anunció que acudirían a la vía penal si el citado concurso se ponía en marcha.
El Gobierno de la Ciudad, con anterioridad, ya amagó con sacar el citado concurso, aunque finalmente no hizo. Según se ha manifestado por parte de UGT, la organización ha estado recibiendo presiones para que no realizara ningún tipo de acción. Pese a ello, Ceuta Actualidad ha confirmado que finalmente, y una vez visto el asunto por los servicios jurídicos del sindicato, se va a acudir a la vía penal.
En el sindicato sospechan que el concurso está preparado para la secretaria general accidental de la Ciudad, por lo que la demanda que se va a plantear es de mayor recorrido, ya que consideran que la Ciudad lleva casi 15 años con el puesto de secretario general de forma provisional y que viene siendo desempeñado por una persona cualificada para trabajar en pueblos de menos de dos mil habitantes.
Esta persona, refiriéndose a la secretaria accidental, entiende UGT, fue contratada de forma irregular para hacer las veces de oficial mayor, tal y como queda acreditado en el documento del Consejo de Gobierno de fecha 29 de octubre de 1997.
La situación provisional e irregular, según UGT, tras el fallecimiento del anterior secretario general, fue elevada, también de manera irregular a la categoría de secretaria general accidental en 2002, tal y como se refleja en el decreto firmado por el presidente y rubricado por María Dolores Pastilla en calidad de secretaria general, el 28 de junio del año citado.
Desde esa fecha y sin haber pasado por ningún proceso de selección, ni haber aparecido su nombramiento en diario oficial alguno “y percibiendo una retribuciones desorbitadas sin tener la mínima cualificación profesional”, los servicios jurídicos del sindicato consideran que dado que el nombramiento por decreto fue realizado por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, “sin haber hecho absolutamente nada para regularizar la situación”, el mismo podría estar incurriendo en un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos continuado.
Además de unas retribuciones cuantiosas, agrega el sindicato, la secretaria general accidental acude, “no se sabe en que concepto, a los consejos de administración de las sociedades de capital público y a los de los organismos autónomos, percibiendo por ello retribuciones por supuestas labores de asesoramiento, retribuciones sobre los que ya se ha pronunciado el Tribunal de Cuenta determinando su ilegalidad. Según UGT, la cantidad que puede percibir, al parecer, estaría en torno a los 1, 000 euros por cada reunión a la que asiste, lo que desde UGT consideran algo absolutamente escandaloso. Tanto es así, que el sindicato presentó un recurso por el que impugnó los Presupuestos del 2014 por tal motivo.
Aparte, prosigue UGT, el propio Ayuntamiento amortizó la plaza de oficial mayor, aunque al cabo de unos años, y por un defecto formal la desamortizaron. Desde el sindicato razonan que si amortizan el puesto por el que fue primeramente contratada, al menos durante unos años, ¿cómo pudieron estar pagándole unas retribuciones?
La central sindical recuerda que se hicieron ya intentos de bajar de categoría el puesto de oficial mayor al de tercera categoría, arrepintiéndose el propio Consejo de Gobierno, a requerimiento de UGT, y volviéndolo a la categoría de primera, que es la que le corresponde. Algo que se puede comprobar con las publicaciones en el BOCCE de fecha 27 de diciembre de 2013
Posteriormente, en el BOCCE del 8 de julio degradan de nuevo el puesto a tercera categoría, lo que UGT llevó al Tribunal Contencioso Administrativo y cuyo juicio está previsto que se celebre en el mes de enero 2017.
Mientras tanto, según UGT, “y para descargar de responsabilidades al presidente, la consejera de Economía, Hacienda y Administraciones Públicas, Susana Román, firma un nuevo decreto el 8 de abril de 2016 “como si viniera de nuevas y no llevara ya 14 años en el puesto”, nombrando de nuevo a María Dolores Pastilla, provisionalmente, secretaria de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Como en otras ocasiones, el decreto está firmado por la interesada como fedataria pública.
Por otro lado, el sindicato explica que cuando se llevó a la Mesa Negociadora la degradación a la categoría de tercera del puesto de oficial mayor el director general de Recursos Humanos, alegó que existía un informe de Administraciones Públicas avalando tal decisión, documento que le fue solicitado por UGT. La petición se realizó en julio de 2015. Transcurridos seis meses y pese a las reiteradas peticiones verbales para que se le facilitara una copia del informe, al que alega el sindicato tienen derecho como miembros de la Mesa Negociadora, se han visto obligado a solicitarlo por escrito el 14 de diciembre de 2015.
Interrogado sobre este particular, desde UGT se manifiestas que un año y medio después siguen esperando la copia del informe, pese a que la consejera manifestó recientemente que toda la información que se le solicita se facilita con rapidez.
“Bueno pues en año y medio nos dicen que Francisco Díaz Nieto no ha tenido tiempo de facilitar el informe, y nos manifiestan que tal vez sea porque en realidad no existe”, declaran desde el sindicato, que agrega que un técnico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas avale que para ocupar el puesto de oficial mayor en Ceuta, puede serlo un funcionario de habilitación nacional de tercera categoría, que es la que posee Dolores Pastilla, “parece harto dudoso”.
En cualquier caso y según las manifestaciones hechas por miembros de UGT, lo que es cierto es que la demanda por vía penal contra el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, fundamentalmente, y, probablemente, contra los consejeros que hayan participado en estas decisiones y contra el director general de Recursos Humanos, ya está en marcha.
El Gobierno no da marcha atrás
El portavoz del Gobierno local, Jacob Hachuel, ha rechazado cualquier posibilidad de que el ejecutivo reconsidere el procedimiento abierto para la cobertura de la plaza de oficial mayor. "El Gobierno va a hacer lo que considera que es legal a tenor de lo que opinan los servicios jurídicos -ha sostenido el portavoz- Si un sindicato decide ir a los tribunales será un juez el que finalmente decida".
