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acto simbólico

UGT precinta su sede contra los acuerdos comerciales internacionales TTIP y CETA

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photo_camera UGT precinta la sede contra los acuerdos comerciales TTIP y CETA /CEDIDA

El sindicato considera que ambos acuerdos afectarán a la vida y a las condiciones del empleo, además de tener un impacto negativo en la economía, ya que están concebidos para las grandes empresas perjudicando a la población europea. 

La Unión General de Trabajadores de Ceuta ha precintado la sede regional en protesta por los acuerdos comerciales: el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y el Acuerdo Comercial Europa-Canadá (CETA). El acto simbólico ha contado con la presencia del secretario general del sindicato en Ceuta, Juan Carlos Pérez, acompañado por la vicesecretaria general, Yolanda Aparicio, el secretario de Organización, Miguel Ángel Escobedo, así como otros miembros de la Comisión Ejecutiva Regional y representantes de las federaciones. 

UGT considera que, tanto el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones como el Acuerdo Comercial Europa-Canadá , afectarán a la vida y a las condiciones del empleo, además de tener un impacto negativo en la economía, ya que están concebidos para las grandes empresas perjudicando a la población europea. "Las grandes empresas se verán beneficiadas en detrimento de las pymes, cuyo tejido supone el 90% de las empresas en nuestro país y constituyen el tipo empresarial mayoritario en Europa", asegura el sindicato. 

Ambos acuerdos anteponen la legislación laboral americana donde, en muchos estados, no hay representación sindical que vele por los intereses de los trabajadores y las condiciones del empleo. Igualmente, al eliminarse "barreras al libre comercio", desaparecerán certificaciones de muchos productos, test de seguridad, etiquetado o, incluso, inspecciones alimenticias, con el consiguiente perjuicio para la salud. Los acuerdos van a rebajar el nivel de exigencia de la legislación europea en materia laboral, abriendo paso al neoliberalismo económico e igualmente, van a favorecer la privatización de nuestros servicios públicos fundamentales: sanidad, educación o servicios a la ciudadanía.

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