Este jueves, el Gobierno y la Iglesia han dado un paso que llevaba años sobre la mesa y nunca terminaba de concretarse. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha firmado un acuerdo con la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y la Conferencia Episcopal Española (CEE) para poner en marcha un sistema mixto de reparación a las víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero.
El pacto se centra en los casos prescritos que ya no pueden resolverse en los tribunales porque ocurrieron hace décadas, pero que siguen pesando sobre miles de personas. El Defensor del Pueblo será una pieza clave del proceso. No es casual: en 2023 publicó un informe demoledor que estimaba que más de 400.000 personas podrían haber sufrido abusos en el ámbito eclesial.
Cómo funcionará el sistema
El recorrido de cada caso tendrá tres paradas. La primera, el Ministerio de la Presidencia, donde se abrirá el expediente. Después, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que propondrá una reparación concreta. Y, por último, una comisión asesora dentro de la Iglesia, integrada en el Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (PRIVA), el mecanismo interno con el que la institución gestiona estas denuncias.
La Iglesia asumirá las reparaciones económicas, que estarán libres de impuestos. Tras estudiar cada caso, emitirá un informe que deberá debatirse con el Gobierno y con la parte afectada. Si hay acuerdo, la resolución será definitiva. Si no, se activará una Comisión Mixta en la que participarán también asociaciones de víctimas. Su objetivo será lograr una decisión unánime. Si tampoco lo consiguen, la última palabra la tendrá la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.
Qué podrá pedir la víctima
El abanico es amplio: reparación simbólica, restaurativa, espiritual o económica. En cualquier caso, si la compensación es económica, la asumirá la Iglesia. La Conferencia Episcopal subraya que el Gobierno ha aceptado que estas indemnizaciones queden exentas de tributación, especialmente del IRPF. Y añade un matiz que no es menor: su responsabilidad, dicen, no nace de una obligación legal, sino de un “compromiso moral”.
