El nombre de José Alberto García Valera, exdirector general de Tributos entre 2016 y 2018 y socio director de la consultora EY, aparece entre los 28 altos cargos y técnicos investigados por el juez que instruye el 'Caso Montoro'. Esta, una presunta trama de corrupción, según sostiene el auto judicial, se habría instalado en el seno del Ministerio de Hacienda durante los años de gobierno del Partido Popular entre 2011 y 2018.
La investigación, y como informan medios como Cadena Ser, apunta directamente al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por, presuntamente "modificar leyes" con el objetivo de favorecer a empresas del sector gasista a cambio de beneficios económicos. De acuerdo con esta fuente, el juez detalla que se habría construido una estructura organizada para beneficiar a determinados clientes del despacho Equipo Económico, fundado por el propio Montoro.
Entre los implicados figura García Valera, cuya vinculación con Ceuta ha sido activa en los últimos tiempos a través de su rol como asesor fiscal y representante de EY en determinadas ocasiones.
Una figura conocida en la ciudad
En junio del 2022, la Ciudad de Ceuta concedió a Alberto García Valera la Medalla de la Ciudad de Ceuta, en su categoría de plata, uno de los mayores reconocimientos institucionales a nivel local.
El pasado junio la Ciudad hizo públicos los resultados de un estudio encargado a EY sobre el impacto económico del sector del juego online, una de las actividades económicas emergentes y de mayor importancia en Ceuta.
Implicación judicial en la causa
Según informa La Razón, el juez instructor sostiene que los altos cargos investigados, entre ellos García Valera, pudieron haber influido de manera directa en la redacción y modificación de normas clave, como el Reglamento de Impuestos Especiales (IIEE) y la Ley de Presupuestos de 2018, para introducir cláusulas que beneficiaran de forma exclusiva a determinadas empresas energéticas.
Uno de los fragmentos más reveladores del sumario, recogido por el citado medio, detalla que bajo el mandato de García Valera frente de la Dirección General de Tributos, se habrían incorporado modificaciones legales "ad hoc", dirigidas a eximir a las gasísticas de ciertos controles fiscales, permitiéndoles acceder a beneficios sin cumplir con todos los requisitos estipulados.
En este contexto, la investigación apunta a que las empresas clientas del despacho Equipo Económico tenía vía directa de acceso al Ministerio. "La vía más directa como siempre, es pagar a este EE (Equipo Económico) que tiene contacto directo con el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro", reza uno de los correos incautados por los investigadores y citados por La Razón.
El auto judicial concluye que los pagos efectuados por las empresas al despacho fundado por Montoro tenían como fin lograr una modificación normativa favorable, en detrimento de otros sectores económicos con condiciones similares.
Un proceso en marcha
La causa judicial, que permanece en fase de instrucción, implica a una decena de altos cargos del Ministerio de Hacienda de la etapa de Rajoy, entre ellos, también, Miguel Ferre Navarrete, exsecretario de Estado de Hacienda entre 2011 y 2016, y Diego Martín-Abril, antecesor de García Valera como director general de Tributos, entre otros.
