La ineficacia del protocolo de acoso en la Guardia Civil vuelve al centro del debate. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha exigido una reforma urgente del actual marco normativo y ha denunciado que la aplicación del Código Penal Militar actúa como “una auténtica mordaza” que silencia a las víctimas y refuerza el corporativismo interno.
La reacción de la asociación se produce tras el anuncio del ministro del Interior de una inspección extraordinaria sobre los protocolos de acoso en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde AUGC consideran “profundamente lamentable” que la Administración tenga que esperar a que se produzcan hechos de gran impacto mediático para reconocer que el sistema “falla estrepitosamente”.
Un protocolo “deficiente desde su génesis”
El actual protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo en la Guardia Civil fue aprobado por Resolución de 22 de julio de 2019 del Director General del Cuerpo. Según AUGC, desde su origen ha presentado “flagrantes deficiencias” y se sitúa lejos de las garantías que sí contempla la Administración General del Estado (AGE).
Entre las principales críticas, la asociación subraya que la persona que sufre acoso debe comunicar los hechos al superior jerárquico del presunto acosador, una situación que califican de “despropósito jurídico”. A diferencia de la AGE, donde la denuncia puede canalizarse por distintas vías —incluidos representantes sindicales o empleados públicos—, en la Guardia Civil el sistema limita esa posibilidad.
También denuncian restricciones en el acompañamiento durante el proceso, ya que la víctima no puede acudir con una persona de su confianza si no pertenece al Cuerpo. En cuanto a las medidas organizativas, aseguran que, en muchos casos, es la presunta víctima quien se ve obligada a abandonar su puesto o a continuar bajo la supervisión del denunciado, mientras que en la AGE se separa al presunto acosador.
A ello se suman, según la AUGC, plazos excesivamente largos que obligan a la víctima a relatar los hechos en reiteradas ocasiones, lo que genera revictimización, y la ausencia de mecanismos internos efectivos de recurso frente a la resolución final.
La asociación recuerda que hace casi dos años se anunció una mejora sustancial del protocolo, una promesa que, sostienen, “ha quedado en papel mojado”.
El Código Penal Militar, “barrera jurisdiccional”
Más allá del procedimiento interno, la AUGC pone el foco en la aplicación del Código Penal Militar en actuaciones de carácter estrictamente policial. A su juicio, el aforamiento de facto de determinados mandos y la dificultad de que estos casos sean asumidos desde el inicio por la jurisdicción ordinaria refuerzan una cultura de silencio.
Como ejemplo, citan el caso de una teniente que dio cuenta de un presunto acoso sufrido por una guardia civil a manos de un suboficial y que, según la asociación, llegó a ser expedientada por cumplir con su deber de informar.
Para la AUGC, estos elementos configuran un escenario de “desamparo procedimental” y falta de garantías reales para las mujeres dentro del Cuerpo.
Exigencia de medidas “concretas”
La asociación reclama la convocatoria inmediata de un grupo de trabajo que permita reformar el protocolo de acoso en la Guardia Civil y adaptar el sistema a estándares equiparables a los de la Administración General del Estado.
“Las mujeres de la Guardia Civil merecen un entorno laboral seguro y garantías procesales”, sostienen desde la organización, que insiste en que la tolerancia cero frente al acoso no puede quedar en un eslogan institucional.
