La financiación de la Dependencia vuelve a situarse en el centro del debate político. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han escenificado un frente común en el Senado para denunciar lo que consideran un “estrangulamiento económico” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Durante la Comisión General de Comunidades Autónomas, los ejecutivos autonómicos del PP han defendido una moción para exigir una financiación “justa, rigurosa y sostenible” del sistema, al tiempo que han puesto cifras sobre la mesa: aseguran que las autonomías están asumiendo más del 70% del coste, mientras que el Ejecutivo central no llega al 30%, lo que, a su juicio, supone un incumplimiento de la ley.
La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha criticado además la ausencia del Gobierno en este debate monográfico, lamentando que ningún representante del Ejecutivo haya acudido a abordar la situación del sistema de Dependencia. Una ausencia que, según ha señalado, evidencia la falta de implicación del Gobierno en uno de los pilares del Estado del bienestar.
En esa misma línea, ha acusado al Ejecutivo de plantear nuevas prestaciones sin respaldo económico, trasladando el coste a las comunidades autónomas. Un modelo que ha resumido como “yo invito, pero tú pagas”, en referencia a la distribución de responsabilidades financieras.
Por su parte, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha elevado el tono al asegurar que el Gobierno mantiene una política social “sin diálogo, sin consenso y sin presupuesto”. Según ha denunciado, la falta de unas cuentas aprobadas durante la legislatura agrava la situación de la Dependencia, que, en su opinión, se sostiene gracias al esfuerzo económico de las autonomías.
Fúnez ha ido más allá al afirmar que “el Gobierno de Sánchez condena a la Dependencia”, insistiendo en que son las comunidades autónomas las que están evitando su deterioro. En este sentido, ha reclamado no solo una mayor financiación, sino también el cumplimiento de la ley y la paralización de nuevas medidas que supongan un incremento del gasto sin cobertura presupuestaria.
El debate se extiende además al terreno político territorial. Desde el PP se ha criticado que el Gobierno haya pactado condiciones específicas de financiación en materia de Dependencia con el País Vasco, lo que, según Fúnez, evidencia un trato desigual entre comunidades.
Con este posicionamiento conjunto, las autonomías gobernadas por el PP buscan presionar al Ejecutivo para reabrir el debate sobre la financiación del sistema de Dependencia, un modelo clave para la atención a personas vulnerables que, advierten, podría verse comprometido si no se revisa el reparto actual de recursos.
