La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Gobierno de España la implementación íntegra del permiso parental retribuido de ocho semanas para el cuidado de menores hasta los ocho años, tal y como establece la directiva europea 2019/1158. Aunque el Ejecutivo ha aprobado recientemente una medida en esta dirección, el sindicato la considera insuficiente y advierte de que ya existen sentencias firmes en tribunales de lo social y contencioso-administrativo que reconocen este derecho tanto en el ámbito público como en el privado.
Desde la organización sindical, con amplia implantación en la Administración Pública y presencia creciente en el sector privado, subrayan que se trata de una obligación legal incumplida. “El Gobierno debe ajustarse al derecho europeo y garantizar la conciliación de la vida personal y laboral en condiciones de igualdad”, han señalado.
Un reconocimiento que ya ha llegado a los tribunales
CSIF recuerda que fue pionera en conseguir las primeras resoluciones judiciales que reconocen el derecho a un permiso parental retribuido. La primera sentencia se obtuvo en el Ayuntamiento de Barcelona, a la que siguieron resoluciones en Valladolid y Cuenca, todas ellas con carácter firme. A estas decisiones se sumó, el pasado 3 de junio, la primera resolución en el ámbito de la empresa privada, dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Barcelona, que obliga a la empresa a abonar los atrasos correspondientes.
Estas sentencias, destacan desde CSIF, se basan en el principio de primacía del derecho europeo, reconocido por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Según este principio, las normas comunitarias deben aplicarse de forma directa cuando sean claras, precisas e incondicionales, como ocurre con la directiva europea que regula los permisos parentales.
Una medida social que no puede seguir esperando
El sindicato lamenta que, a pesar de los avances en otras materias —como la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad o los derechos reconocidos a familias monoparentales—, el Gobierno no haya cumplido aún con la obligación de transponer por completo esta directiva.
“La carga de los cuidados sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres”, advierten desde CSIF, que considera que la falta de desarrollo reglamentario no solo vulnera el principio de igualdad, sino que también expone a España a posibles sanciones económicas desde las instituciones europeas.
