España da un paso decisivo en la regulación del alquiler turístico. A partir de este martes, 1 de julio, todos los alojamientos de corta duración que querían anunciarse en plataformas digitales deberán tener un número de registro oficial. Con esta medida, el país se convierte en el primero de la Unión Europea en aplicar de forma completa la nueva normativa comunitaria.
Desde que se abrió el sistema de registro, el pasado 2 de enero, ya se han recibido más de 215.000 solicitudes. De ellas, unas 94.000 están activas de forma definitiva, más de 102.000 están pendientes de validación y cerca de 18.500 han sido revocadas por no cumplir los requisitos.
El objetivo de esta nueva norma, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Agendar Urbana, es poner fin a los pisos turísticos ilegales y a los alquileres encubiertos que disparan los precios y dificultan el acceso a la vivienda. Así lo ha explicado la ministra Isabel Rodríguez, quien ha asegurado que esta medida permitirá “acabar con el fraude” y proteger a las familias que viven en zonas afectadas por la presión turística.
El 78% de las solicitudes corresponden a alquileres turísticos, mientras que el resto son de alquiler por temporada. Las comunidades con mayor número de registros son Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña y la Comunidad Valenciana, con especial concentración en zonas de costa como Málaga, Alicante, Gran Canaria o la provincia de Girona.
Solo en el mes de junio se han tramitado más de 134.000 nuevas solicitudes, lo que muestra el gran impacto de esta nueva regulación.
Los propietarios que quieran alquilar deben solicitar el número de registro a través de la Ventanilla Única Digital, indicando si el alojamiento es turístico o por temporada, si se alquila completo o por habitaciones, y adjuntando la documentación necesaria. Una vez validado, el número debe aparecer en cada anuncio publicado.
Además, el Ministerio empezará a exigir a las plataformas que eliminen cualquier anuncio que no incluya un número válido o que esté vinculado a una solicitud rechazada.
Quedan exentos de este registro los alojamientos rurales que ofrezcan servicios similares a los de un hotel, como los desayunos incluidos.
El Gobierno pretende equilibrar la actividad turística con el derecho a la vivienda, reforzando el control sobre un mercado en expansión y ofreciendo mayor seguridad tanto a propietarios como inquilinos.
