El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a las primeras estrategias estatales LGTBI y trans en la historia del país. A propuesta del Ministerio de Igualdad, ambas líneas de actuación suponen un desarrollo concreto y normativo de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, sobre igualdad real y efectiva de las personas trans y garantía de los derechos del colectivo LGTBI.
Se trata, según el Gobierno, de un paso decisivo hacia la erradicación de toda forma de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género, mediante medidas coordinadas entre administraciones, entidades sociales y el sector privado.
Hoja de ruta estatal contra la discriminación LGTBI
La primera de las estrategias aprobadas es la Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, concebida como el principal instrumento de colaboración territorial para la aplicación de políticas públicas en esta materia. Tendrá una duración cuatrienal y se constituye como la hoja de ruta común para todas las administraciones públicas, desde el ámbito local hasta el estatal.
Este documento recoge prevenir y erradicar la discriminación por razón de orientación sexual, además de contemplar iniciativas de información, sensibilización y formación, prestando especial atención a la lucha contra la violencia LGTBIfóbica.
Asimismo, incluye entornos seguros, el respeto a la diversidad y la garantía de derechos fundamentales, incorporando la participación activa del tejido asociativo y de los agentes sociales.
La estrategia fue avalada el pasado junio en la Conferencia Sectorial de Igualdad, con el respaldo de las comunidades autónomas, así como de Ceuta y Melilla.
Una estrategia específica para la inclusión social de las personas trans
Junto a ella, el Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans, el primer instrumento estratégico estatal dedicado de forma exclusiva a este colectivo. Su objetivo principal es cumplir con el deber constitucional de remover los obstáculos que impiden el pleno ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad.
Este plan también tendrá un periodo de vigencia de cuatro años y establece medidas de acción positiva y prioritaria en ámbitos clave como el empleo, la educación, la sanidad y el acceso a la vivienda. Además, se enfoca en la erradicación de la discriminación estructural y la violencia transfóbica, impulsando políticas públicas orientadas a la equidad real.
Uno de los ejes destacados de esta estrategia es la mejora del conocimiento social y estadístico sobre la realidad de las personas trans, promoviendo investigaciones, análisis y estudios que contribuyan a una mejor formulación de políticas basadas en evidencia.
Participación plural en la elaboración de las estrategias
Ambas estrategias han sido elaboradas mediante un amplio proceso participativo, en el que han intervenido 165 representantes de distintos sectores. Entre ellos, destacan ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos, organizaciones sindicales y empresariales, ONG, universidades y personas expertas.
La colaboración interinstitucional y social es uno de los pilares fundamentales de estos documentos, que prevén mecanismos de coordinación entre los departamentos ministeriales competentes, así como con las entidades del tercer sector y empresas comprometidas con la diversidad.
Con este marco normativo y estratégico, el Gobierno cumple con una de las disposiciones más relevantes de la Ley 4/2023, apostando por una implementación efectiva, coherente y transversal de políticas públicas en defensa de la igualdad y los derechos de las personas LGTBI y trans en todo el territorio estatal.
