El Gobierno de España destinará este año más de 783 millones de euros a los gobiernos autonómicos para la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), en el marco del denominado “nivel acordado de protección”. Así lo ha anunciado este jueves el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Pablo Bustinduy, durante la reunión del Consejo Territorial celebrada en la sede del Imserso en Madrid.
Esta inversión supone, por tercer año consecutivo, la cifra más alta registrada para este nivel de financiación, que fue suprimido en 2012 y no se recuperó hasta 2021, cuando el Ejecutivo volvió a dotarlo con 283 millones de euros. Desde entonces, se ha consolidado una senda de crecimiento que ha permitido casi triplicar la cantidad inicial.
Los fondos serán transferidos a través de convenios bilaterales entre el Ministerio y cada comunidad autónoma, con el objetivo de complementar los servicios de atención a personas dependientes en cada territorio. El reparto se realizará siguiendo criterios técnicos y demográficos fijados en el Plan de Choque aprobado en 2021, que incluyen indicadores como el esfuerzo regional en la mejora de los servicios, la reducción de listas de espera o la calidad de las prestaciones.
En total, se distribuirán cuatro fondos diferenciados:
- Fondo de estructura: 145,8 millones, según variables como la dispersión poblacional, insularidad o el coste de los servicios.
- Fondo de gestión: 175 millones, vinculado a la eficiencia administrativa y al número de personas atendidas.
- Fondo de cumplimiento de objetivos: 262,4 millones, evaluando la evolución de los indicadores acordados en 2021.
- Fondo de calidad y acreditación: 200 millones, condicionados a que las comunidades cumplan con criterios de calidad en los centros y servicios del SAAD.
El nivel acordado es uno de los tres pilares del sistema de financiación pública de la Dependencia. Junto a él, se mantiene el nivel mínimo, financiado íntegramente por el Estado en función de las personas con prestación efectiva (con 2.628 millones en 2024), y el nivel adicional, que corresponde exclusivamente a las comunidades autónomas.
En total, la inversión estatal en Dependencia en 2024 alcanzó los 3.478 millones de euros, casi el triple de los 1.130 millones consignados en 2014.
Subvenciones del 0,7% para fines sociales
Además, el Consejo Territorial ha aprobado un preacuerdo sobre la distribución de las subvenciones procedentes del 0,7% del IRPF y del impuesto de sociedades para fines sociales. La cantidad asignada a las comunidades autónomas supera este año los 375 millones de euros, destacando un incremento cercano al 50% en la aportación empresarial.
Estas ayudas se destinan a organizaciones del Tercer Sector de Acción Social, sin ánimo de lucro, que desarrollan programas contra la pobreza, la exclusión social y otras situaciones de especial vulnerabilidad. El reparto se realizará atendiendo a la implantación territorial, la estructura y la capacidad de gestión de las entidades beneficiarias.
El Ministerio ha destacado que estas subvenciones constituyen una vía clave para sostener el trabajo de las organizaciones sociales con mayor arraigo en los entornos más próximos a la ciudadanía.
