La oposición parlamentaria en Marruecos prepara una moción de censura contra contra el gobierno dirigido por Aziz Akhannouch desde octubre de 2021, tras el estallido del escándalo relacionado con los subsidios a la importación de carne roja. La medida, implementada para estabilizar los precios y garantizar el abastecimiento durante la festividad de Eid Al-Adha, habría generado pérdidas estimadas en más de 13.000 millones de dirhams para el presupuesto estatal, según informa Le360.
El Movimiento Popular (MP), junto con el Partido Progreso y el Socialismo (PPS), el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) y la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), encabezan la iniciativa de fiscalización. Inicialmente solicitaron la creación de una comisión parlamentaria de investigación, pero no lograron reunir las 132 firmas necesarias. Como alternativa, promueven ahora una moción de censura, que exige solo 79 firmas —una quinta parte de los 395 escaños de la Cámara de Representantes—, un hecho que sería histórico en el país vecino.
“Esta moción no busca derrocar al gobierno, sino abrir un debate profundo sobre una política pública que ha resultado ineficaz y opaca”, declaró Driss Sentissi, líder parlamentario del MP, en declaraciones recogidas por Le360. La oposición acusa al Ejecutivo de beneficiar a intermediarios y empresas vinculadas políticamente, en detrimento del consumidor final y sin lograr los objetivos planteados.
Según el economista Fouzi Mourji, entrevistado por el mismo medio, el subsidio estatal —que incluyó la eliminación de derechos de aduana y del IVA, así como una ayuda directa de 500 dirhams por cabeza importada— no se tradujo en una baja en los precios. “Los beneficiarios reales fueron los intermediarios. La operación fue pro-intermediario, no pro-consumidor”, afirmó Mourji.
El Ministerio de Agricultura cifró el coste en 437 millones de dirhams, correspondiente a la importación de unas 875.000 cabezas de ganado en 2023 y 2024. Sin embargo, otras fuentes, incluyendo al ministro de Industria y Comercio, Ryad Mezzour, y al secretario general del Istiqlal, Nizar Baraka —ambos integrantes del gobierno—, reconocieron que los márgenes de beneficio de los importadores fueron “excesivos” y admitieron la falta de resultados efectivos sobre el terreno.
El gobierno sostiene que no hubo pérdida real para el erario, ya que los aranceles del 200% anteriormente vigentes tenían fines disuasorios y no generaban ingresos. No obstante, Mourji considera esta argumentación una “exageración técnica”, y aboga por una evaluación basada en tasas normales y estimaciones realistas del volumen de importaciones.
La polémica ha evidenciado fisuras incluso dentro de la mayoría parlamentaria. El Partido Istiqlal, formalmente parte del gobierno, ha respaldado las demandas de investigación, mientras que varios diputados acusan al Ejecutivo de clientelismo, favoritismo y falta de transparencia en la asignación de ayudas.
El sector de la carne roja, según datos del Alto Comisionado de Planificación, representa entre el 16% y el 24% del gasto alimentario de los hogares marroquíes, según su nivel de ingresos. No obstante, el precio del kilo de carne continúa oscilando en torno a los 110-120 dirhams, lo que ha llevado a muchos ciudadanos a renunciar al tradicional sacrificio de Eid Al-Adha, por recomendación incluso del propio rey Mohammed VI.
La oposición insiste en que el debate no debe limitarse al caso de la carne roja. “Exigimos claridad también sobre los subsidios al turismo, el transporte, los cereales y los carburantes”, señaló Sentissi. Para él, la moción de censura es el único medio viable para forzar al Ejecutivo a rendir cuentas.
