El Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha un nuevo órgano con nombre largo y misión clara: comprobar si el acceso universal a la atención sanitaria funciona de verdad en todo el país. La ministra Mónica García ha firmado la orden que crea la llamada Mesa de análisis para la implementación del Real Decreto 180/2026, un espacio que pretende evitar que cada territorio vaya por libre cuando se trata de garantizar la asistencia sanitaria.
La idea es sencilla: sentar en la misma mesa al ministerio, a las comunidades autónomas, a las ciudades de Ceuta y Melilla y a organizaciones sociales para hablar de lo que funciona, de lo que no y de lo que directamente chirría. Un foro estable, dicen, para que los problemas no se queden en los pasillos.
Mirada puesta en quienes lo tienen más difícil
Entre las tareas de la Mesa está revisar cómo se aplican las normas en los distintos servicios de salud y en el INGESA. El foco, esta vez, apunta especialmente a las personas extranjeras que viven en España sin residencia legal, un colectivo que suele encontrarse con más obstáculos de los que reconoce cualquier documento oficial.
Además de evaluar, el órgano tendrá que proponer mejoras y ayudar a diseñar mecanismos que faciliten el acceso a la atención sanitaria. También se encargará de que la información llegue a quien tiene que llegar: profesionales y ciudadanía. Porque de poco sirve tener derechos si nadie sabe cómo ejercerlos.
Evitar desigualdades entre territorios
Otro de los objetivos es compartir buenas prácticas y promover formación para que el acceso al sistema sea más sencillo y homogéneo. El texto insiste en algo que ya se ha repetido en más de una ocasión: las diferencias entre territorios existen y no son pequeñas. La Mesa nace, en parte, para intentar corregir ese mapa desigual.
La composición del órgano mezcla perfiles institucionales con voces que conocen el terreno. La presidencia recaerá en la Secretaría de Estado de Sanidad y el Pleno incluirá vicepresidencias, representantes autonómicos y vocalías de distintas direcciones generales, entre ellas Salud Pública y el Comisionado de Salud Mental.
Las organizaciones sociales entran en escena
Una de las novedades es la presencia de ocho vocalías reservadas para organizaciones sociales con trayectoria en la defensa del derecho a la salud. Al menos dos de ellas estarán ocupadas por entidades que representan a población migrante. La intención es que quienes trabajan a pie de calle puedan llevar al Pleno los problemas que detectan antes que nadie.
La Mesa se reunirá dos veces al año, aunque podrá crear grupos más pequeños para abordar temas concretos. Una estructura flexible que, sobre el papel, debería permitir que los debates no se eternicen.
