Representantes de 20 organizaciones especializadas en migración, refugio y derechos humanos se reunieron con el presidente Pedro Sánchez y la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz. El objetivo fue instarles a implementar el Pacto Europeo de Migración y Asilo de manera que garantice plenamente los derechos humanos, tanto en las fronteras como en territorio español. “Es un momento crucial para contribuir a una Europa que defienda los derechos humanos y sea coherente con sus valores fundacionales”, declararon.
Gracias a las distintas organizaciones y entidades vinculadas a la ayuda y asistencia de personas migrantes por vuestro esfuerzo y entrega.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 7, 2024
Compartimos la voluntad de que España siga siendo un ejemplo en materia de política migratoria y de protección internacional en la UE.… pic.twitter.com/Ti08ZZFHtt
Tras la reunión, las organizaciones valoraron positivamente la disposición del presidente para defender en la UE un enfoque que garantice los derechos de las personas migrantes y refugiadas en la aplicación del Pacto. También destacaron su compromiso de asegurar la interlocución con la sociedad civil durante todo el proceso de implementación en España, subrayando la importancia de que estos compromisos se materialicen.
Las organizaciones expresaron su preocupación al presidente del Gobierno por los retos significativos que plantea este Pacto en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario y protección internacional. Alertaron sobre la introducción de nuevos controles “previos” a la entrada, procedimientos de asilo y retornos acelerados en frontera, la reducción de garantías procedimentales y el riesgo de un uso excesivo de la detención. Estas medidas podrían suponer graves obstáculos para acceder al derecho de asilo y poner en riesgo los derechos humanos y el respeto del principio de no devolución, agravando la ya enorme vulnerabilidad de muchas personas migrantes y refugiadas.
Oportunidad de liderar en Europa
Además, recordaron que España aún puede transformar estos retos en oportunidades, sirviendo como ejemplo para el resto de los países de la Unión Europea en la construcción de una política migratoria centrada en las personas y sus derechos, garantizando vías legales y seguras que eviten las muertes en el mar. La fase de implementación del Pacto, que se llevará a cabo durante los próximos dos años, puede marcar el futuro de la política migratoria española y evitar retrocesos significativos en derechos humanos.
Por ello, pidieron al presidente del Gobierno que se comprometa a no extender el plazo constitucional de detención preventiva de 72 horas y a aplicar preferentemente medidas no privativas de libertad; a garantizar la asistencia jurídica gratuita en todas las fases del procedimiento, así como el análisis individualizado de las solicitudes y la adecuada atención sanitaria, el derecho a intérprete, a la información y a ser escuchado/a; y a tramitar las solicitudes por el procedimiento ordinario cuando se detecten necesidades especiales o situaciones de vulnerabilidad en los procedimientos fronterizos, entre otras propuestas.
También destacaron la necesidad de contar con un sistema preparado, dimensionado y con un enfoque estructural para atender adecuadamente las emergencias y evitar derogaciones y excepciones de las normas de asilo, tal como recoge el Reglamento de Crisis y Fuerza Mayor, que puede impedir en la práctica el acceso a la protección a las personas solicitantes de asilo y refugiadas. Finalmente, exigieron la implementación de un mecanismo de vigilancia y monitoreo de los derechos humanos con la participación de la sociedad civil.
Para hacerlo efectivo, reclamaron que, en la elaboración del Plan Nacional de Implementación que debe ser entregado a la Comisión Europea en diciembre, así como a lo largo de todo el proceso, España adopte un enfoque garantista con los máximos estándares de derechos humanos e involucre a la sociedad civil mediante intercambios y consultas regulares, de acuerdo con lo establecido por la Comisión Europea en el Plan Común de Implementación.
Por último, señalaron que la implementación del Pacto debería suponer una oportunidad para mejorar la situación de la infancia migrante no acompañada y destacaron la urgencia de resolver la situación en la que viven miles de personas migrantes en nuestro país sin derechos, al encontrarse en situación administrativa irregular.
Organizaciones firmantes
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Accem, Alianza por la Solidaridad / ActionAid, Alboan, Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, Asociación Rumiñahui, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, CONVIVE Fundación Cepaim, Cruz Roja Española, Fundación Entreculturas, Iridia, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Movimiento por la Paz -MPDL-, Instituto Novact de Noviolencia, Oxfam Intermón, Red Acoge, Salud por Derecho, Servicio Jesuita a Migrantes-SJM
